La Audiencia de Sevilla ha iniciado el juicio contra el ex secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical por presuntamente defraudar más de 40 millones de euros de subvenciones públicas mediante facturas falsas. Los fondos desviados, originalmente destinados a cursos de formación, provenían de la otrora Junta socialista de Andalucía. Los sindicalistas están acusados de un delito continuado de fraude de subvenciones, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

En el banquillo de los acusados se encuentran cinco ex dirigentes sindicales vinculados a la antigua cúpula de UGT-A y diez representantes de las empresas que actuaban como proveedoras del sindicato, colaborando en la elaboración de facturas falsas. La acusación detalla que entre 2009 y 2013, los responsables de UGT-A y los proveedores habrían colaborado para desviar fondos destinados a cursos de formación y financiar gastos corrientes del sindicato.

El juez instructor señaló que el cómputo global de las cantidades defraudadas asciende a 40.750.047,74 euros. Además, mencionó la "relación existente" entre los miembros de la antigua cúpula de UGT-A y la propia organización sindical, apuntando a la "presunta responsabilidad civil subsidiaria" de UGT Andalucía. El juez impuso fianzas millonarias, y en caso de que los acusados no las presten, UGT-A deberá hacerlo en un plazo de un día.

El juicio busca determinar la responsabilidad de los acusados en este presunto fraude, que habría afectado a las subvenciones destinadas a la formación de trabajadores. La fecha original del juicio fue el 14 de diciembre, pero se pospuso por motivos de salud.