Una simple declaración responsable de no tener antecedentes servirá para regularizar inmigrantes
Podrá hacerse si su país o en el que vivieron los últimos cinco años no les da el certificado
El decreto de regularización de inmigrantes subido por el Gobierno para información pública prevé que, en determinados casos, una simple declaración responsable del interesado de no tener antecedentes penales sea suficiente para acceder al permiso de residencia en España. Así será si el afectado acredita haber solicitado ese certificado en su país de origen o en el que ha estado en los últimos cinco años y las autoridades correspondientes no les responden, ni a ellos ni al requerimiento posterior que también haga la administración española.
Fuentes policiales consultadas por ABC aseguran que al admitir esta excepcionalidad el Gobierno comete un importante error que, a medio o largo plazo, puede tener incidencia en los índices de criminalidad. «Una declaración responsable no es más que un individuo que dice por escrito que no ha sido condenado por delito alguno, pero no hay la mínima garantía de que eso sea como él dice», aseguran.
En el decreto del Gobierno, en su apartado 10, se lee: «Con carácter excepcional, si el interesado acreditase haber solicitado el certificado de antecedentes penales a las autoridades del país de origen o de aquel en el que hubiera pasado los últimos cinco años, y hubiera transcurrido un mes sin haberlo recibido, el Gobierno, previa solicitud al efecto, podrá recabar la información necesaria directamente de la autoridad del país correspondiente».
Pero añade: «En caso de no recibir dicha información en el plazo de un mes, la Administración comunicará esta circunstancia al interesado, que podrá presentar declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales. En este caso, se entenderá, a los efectos de esta disposición transitoria, que el interesado carece de antecedentes penales en los citados países».
Cuando la administración del país de origen es débil o no tiene registros fiables, como en Sierra Leona, Burkina Fasso o Mali, los expertos advierten de la facilidad para falsificar documentación. Además, señalan que incluso si se le pidiera este tipo de información a España, el plazo de un mes sería irrealista. «Los países de origen no van a tener ningún interés especial en colaborar», aseguran.
«Vienen ilegalmente, y les recompensamos»
La Policía tiene información de que grupos criminales como mafias georgianas ya están comprando certificados limpios en sus países para aprovechar esta regularización. «Demostrar una presencia en España hace cinco años es bastante sencillo», advierten. Documentos como un billete de avión, una factura médica o un recibo bastarían.
Además, las fuentes muestran malestar por no haber sido consultadas en un proceso tan delicado. Recuerdan los efectos colaterales de decisiones similares, como la eliminación del visado a ciudadanos colombianos, que provocó un repunte de la trata de mujeres con fines de explotación sexual.
«Si los migrantes que se va a regularizar no encuentran trabajo, y al no tener una red familiar o social que los acoja, pueden caer en la marginalidad, primera causa de la delincuencia», afirman los expertos.
El Gobierno niega el efecto llamada
Desde el Ejecutivo se afirma que la regularización masiva, inicialmente para 500.000 personas pero que podría alcanzar a dos millones por reagrupación familiar, no provocará un 'efecto llamada' si se establecen plazos claros. Sin embargo, expertos y cuerpos policiales lo ponen en duda, señalando que el historial de regularizaciones en España confirma lo contrario.
Todos los presidentes desde Felipe González, excepto Mariano Rajoy, han impulsado regularizaciones. José María Aznar regularizó a más de medio millón de personas, Zapatero a 576.000, y ahora Pedro Sánchez continúa esta senda.
Un sistema que no expulsa
Los expertos aseguran que España cuenta con un sistema que rara vez expulsa a inmigrantes irregulares. Los jueces no ordenan el internamiento en un CIE salvo que haya delito grave. «Acostumbramos a la gente a que venga de forma ilegal, porque sabe que a medio plazo se les va a premiar con una regularización».
También piden centrar la atención en los inmigrantes que entran por Barajas u otros aeropuertos. Representan el 80% de los casos, muchos sin necesidad de visado. Basta una reserva hotelera o un billete de avión. Una vez en España, se empadronan y esperan la regularización.
En cambio, los que llegan en cayuco afrontan riesgos extremos: «Un 40-45% muere en la travesía», alertan.
En conclusión, advierten de que si los inmigrantes no tienen apoyos ni empleo, pueden acabar en la marginalidad. «Eso sí puede empujarlos a la delincuencia», concluyen.
