La SEPI, convertida en la caja B del sanchismo: comisiones, mordidas y poder a dedo
Las investigaciones revelan que la sociedad estatal fue clave en los entramados de mordidas y adjudicaciones bajo control del PSOE
El jueves 11 de diciembre de 2025 se desató un tsunami dentro de Moncloa y Ferraz tras las detenciones del autodenominado grupo Hirurok (nosotros tres en euskera), triángulo formado por Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE; Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); y el empresario Joseba Antxon Alonso, vinculado al exsecretario de Organización, Santos Cerdán, y al PSOE navarro de María Chivite, por presuntas irregularidades en contratos públicos estimados en casi 133 millones de euros, por los que habrían cobrado en torno a 750.000 euros en mordidas.
Registros simultáneos: SEPI, Sepides, Enusa y Correos, bajo lupa judicial
Las detenciones se produjeron al mismo tiempo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizaba 19 registros en Sevilla, Zaragoza y Madrid, en busca de documentación clave en varias empresas públicas: Sepides, Enusa, Cofivacasa, Mercasa y la SEPI, dependiente directamente de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. Vicente Fernández siguió siendo el hombre fuerte de la SEPI durante los 18 meses en los que no se nombró presidente oficial.
La SEPI: médula del entramado corrupto socialista
Los investigadores sitúan a la SEPI como el verdadero corazón del caso PSOE. Desde el primer rescate bajo el Gobierno de Sánchez, pasando por los manejos opacos en Plus Ultra, Air Europa o Tubos Reunidos, hasta llegar a operaciones sospechosas en el Hipódromo, Correos o Mercasa, todo apunta a una red clientelar con múltiples ramificaciones.
En el epicentro de este engranaje: Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI, y Leire Díez, la exmilitante socialista que presume de tener acceso directo al 1. Ambos, junto con Antxon Alonso, articulaban adjudicaciones irregulares a través de Mediaciones Martínez, sociedad instrumental usada para desviar fondos públicos y cobrar comisiones.
Caso Plus Ultra: Zapatero, en el radar policial
El empresario Julio Martínez, considerado testaferro de Zapatero, fue detenido por la UDEF en el marco del caso Plus Ultra. La Policía investiga si el rescate de 53 millones a la aerolínea se desvió para operaciones vinculadas al oro venezolano y pagos a cuentas en Suiza, Francia y Panamá. Según la investigación, Zapatero actuó como mediador directo ante el entonces ministro Ábalos para garantizar la viabilidad del rescate.
La operativa incluía reuniones secretas en una vivienda de Aravaca que usaba el expresidente, y contactos discretos en restaurantes de lujo, sin dejar rastro digital, usando teléfonos de prepago.
Correos, Air Europa y el resto del mapa de poder
Correos, donde Leire Díez fue ascendida a una subdirección a medida, ha generado un agujero de 1.200 millones, fruto de malas prácticas, contratos sin concurso y operaciones con empresas vinculadas a Globalia y Wakalua, conectadas a Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez.
En el caso Air Europa, la SEPI llegó a inyectar hasta 475 millones con planes de viabilidad modificados tras presiones internas. Víctor de Aldama y Koldo García se reunieron con la entonces ministra Nadia Calviño, quien se desentendió del rescate.
Hipódromo, Cofivacasa y más empresas públicas salpicadas
El Hipódromo de la Zarzuela, bajo gestión socialista, fue utilizado como cortijo político. Allí se celebraban reuniones, se facturaban entradas VIP como invitaciones y se proyectaban negocios inmobiliarios que fueron frenados por los servicios jurídicos de la SEPI. La gestión de Francisco Salazar, exnúmero dos de Iván Redondo y muy próximo a Ferraz, acumuló más de 13 millones en pérdidas.
Cofivacasa, Mercasa y Enusa completan un mapa de empresas públicas implicadas, donde se investigan desde acoso laboral hasta adjudicaciones amañadas, sobresueldos y comisiones. En Enusa empezó todo: fue allí donde Leire Díez, recomendada por Ábalos, empezó su ascenso. Su sueldo fue duplicado hasta los 80.000 euros con la aprobación de Vicente Fernández.
La red Servinabar y el cierre del círculo en Ferraz
Servinabar 2000, vinculada directamente a Antxon Alonso y Santos Cerdán, se sitúa como eje empresarial de varias adjudicaciones sospechosas. Desde informes técnicos inflados, pasando por comisiones, hasta participaciones accionariales firmadas por el propio Cerdán, todo apunta a una trama sistemática y jerarquizada que alcanza al corazón de la dirección del PSOE.
El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha asumido la causa como parte de una investigación por prevaricación, malversación, organización criminal y tráfico de influencias.
Mientras tanto, en Moncloa, Pedro Sánchez guarda silencio y la maquinaria política socialista insiste en resistir con el mantra de siempre: fango, mentiras y acoso personal.
Pero los tribunales, la UCO, y la UDEF siguen trazando un mismo patrón: el poder institucional y empresarial del PSOE ha sido colonizado desde dentro como plataforma de captación de recursos públicos con fines privados. Un modelo de saqueo, que ya tiene nombres, fechas, y una larga lista de contratos bajo sospecha.
🛡️ El caso SEPI se convierte así en la mayor investigación por corrupción institucional del socialismo en la historia reciente de España.
