Seis flancos abiertos complican la defensa de David Sánchez
La Audiencia de Badajoz juzgará si la plaza pública que ocupó David Sánchez fue diseñada a medida para otorgarle un empleo con apariencia de legalidad
El próximo 9 de febrero de 2026, la Audiencia Provincial de Badajoz abrirá un juicio sin precedentes: en el banquillo se sentará, por primera vez, un familiar directo del presidente del Gobierno. David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez, y el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, serán juzgados por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, en un proceso que durará hasta el 14 de febrero, apenas semanas después de las elecciones autonómicas extremeñas.
La causa se remonta a 2017 y gira en torno a la creación de un puesto público en la Diputación de Badajoz, donde el hermano del presidente fue contratado como coordinador de Actividades de los Conservatorios. Según el auto judicial, el puesto fue diseñado a su medida y adjudicado mediante un procedimiento que simulaba cumplir con la legalidad. La instructora del caso, la magistrada Beatriz Biedma, ha cerrado la fase de instrucción y ha remitido la causa al tribunal provincial tras concluir que existen indicios sólidos de irregularidad institucional.
El diseño de una plaza «a medida»
El primer elemento de peso en el sumario es que, según la literalidad de uno de los autos, la plaza fue «creada para él». El propio David Sánchez era consciente de que el cargo se ajustaba de forma exclusiva a su perfil, sin que existiera una concurrencia competitiva real. El procedimiento de selección fue, en palabras de la jueza, una «apariencia formal de legalidad» diseñada para encubrir una decisión política ya tomada.
Simulación de legalidad
El segundo punto débil señalado por la instructora es la entrevista de selección, que se empleó, según el auto, con el único objetivo de dotar de legitimidad aparente a una plaza ya preasignada. La defensa insiste en la existencia de un procedimiento «objetivo y reglado», pero la resolución cuestiona abiertamente esa versión.
Impulso político desde la Diputación
Tercero: la magistrada identifica una actuación coordinada entre los máximos responsables de la Diputación, incluyendo a Gallardo, la diputada de Cultura Cristina Núñez y la directora del área Elisa Moriano. Su papel habría sido crucial para asegurar que el puesto terminara ocupado por el hermano del presidente, lo que refuerza la acusación de una concertación institucional para beneficio personal.
Una necesidad laboral personal
El cuarto elemento que complica la situación procesal de Sánchez es el contexto de su desempleo en el momento de la contratación. La magistrada considera que esta circunstancia fue determinante a la hora de impulsar la creación de la plaza, lo que indicaría un uso de recursos públicos para solucionar una necesidad privada.
Intervención de un antiguo asesor de Moncloa
El quinto punto clave es la implicación de Luis María Carrero, exfuncionario del Ministerio de la Presidencia y amigo íntimo de David Sánchez. Según el auto, Carrero habría intervenido para facilitar no solo su acceso al cargo, sino también el de otros perfiles próximos, a través de la manipulación de estructuras públicas desde dentro del propio sistema.
Modificación del organigrama para encajar el puesto
Finalmente, la jueza destaca que el organigrama institucional de la Diputación fue alterado para hacer hueco al nuevo puesto, lo que sugiere que la creación de la plaza no respondía a una necesidad organizativa, sino al objetivo de insertar discrecionalmente a una persona concreta.
Una causa de alto impacto político
La acusación popular, ejercida por Manos Limpias, Vox, Abogados Cristianos, Hazte Oír, Iustitia Europa, Liberum y el Partido Popular, solicita penas de tres años de prisión para los principales procesados. La Fiscalía, en cambio, ha pedido la absolución.
El proceso se convierte en un nuevo foco de presión institucional para el Ejecutivo, en un contexto judicial donde otras ramas del PSOE enfrentan causas abiertas por corrupción, pagos en metálico, y presuntos delitos en el marco de las tramas Koldo, Ábalos y Servinabar.
El juicio pondrá a prueba la capacidad del sistema judicial para esclarecer si en este caso se utilizó la estructura pública con fines partidistas y personales, o si, por el contrario, los hechos se ajustaron al orden legal.
