Santos Cerdán se agarra al Constitucional en un intento desesperado por salir de prisión
La defensa del exsecretario de Organización del PSOE reclama la suspensión cautelar de su encarcelamiento alegando vulneración de derechos fundamentales
El que fuera uno de los hombres fuertes del PSOE hasta hace apenas un mes, Santos Cerdán, ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de amparo en el que solicita la suspensión cautelar de su prisión provisional, decretada por el Tribunal Supremo el pasado 30 de junio en el marco de la investigación por una supuesta trama de corrupción ligada a la adjudicación irregular de obra pública.
La maniobra judicial se produce tras el rechazo de la Sala de Apelaciones del Supremo, que el pasado 23 de julio ratificó la medida de prisión al considerar acreditados riesgos relevantes de destrucción de pruebas, manipulación de testigos y ocultación de fondos ilícitos.
Un recurso que apela a derechos fundamentales
La defensa de Cerdán, encabezada por los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo, argumenta en el recurso que se han vulnerado varios derechos fundamentales: a la libertad personal, a la integridad moral, a no confesarse culpable y a la propia defensa. Los letrados sostienen que el exdirigente socialista ha mostrado “un comportamiento ejemplar” y destacan su renuncia inmediata al acta de diputado al conocer los indicios en su contra, diferenciándolo de otros implicados como José Luis Ábalos, quien mantiene responsabilidades públicas.
“El comportamiento mostrado es del todo contrario a la tesis de la obstrucción del procedimiento”, subraya el escrito, que plantea que su cliente se ha despojado voluntariamente del poder político para no interferir ni influir en el desarrollo del caso.
El Supremo ve riesgos reales y “nutridos indicios delictivos”
La estrategia de la defensa choca frontalmente con el criterio mantenido por el magistrado instructor Leopoldo Puente y refrendado por los jueces Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena, que calificaron la prisión preventiva como «justificada, proporcionada y objetivamente fundada».
En el auto se recuerda que Cerdán habría ejercido un “papel directivo y de control en la actividad criminal”, y que existen evidencias de su capacidad para destruir documentos, alterar pruebas, coordinar versiones con otros implicados e incluso mover fondos económicos. El texto de la Sala subraya la existencia de “indicios poderosos” sobre su liderazgo en la red delictiva, lo que desmiente la tesis de colaboración leal esgrimida ahora ante el Constitucional.
El recurso se dirige a un tribunal presidido por un exfiscal general del PSOE
Cerdán dirige ahora su estrategia hacia el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado nombrado durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. La elección del órgano de garantías como último recurso para forzar su liberación no es casual, y ha sido interpretada por sectores críticos como una maniobra de presión institucional para lograr una vía de escape política, amparada en la lentitud estructural del TC.
Los abogados del exsecretario de Organización recalcan que una eventual resolución favorable del recurso de amparo llegará probablemente después de que se cumplan los seis meses máximos de prisión provisional, por lo que solicitan que la medida cautelar se levante inmediatamente.
¿Hay trato desigual con Ábalos o Koldo García?
Uno de los argumentos centrales del recurso es el supuesto trato desigual respecto a otros implicados en la misma causa, en particular Ábalos y Koldo García. La defensa sostiene que ambos conservarían más influencia política y mediática que su cliente, quien —alegan— “ha abandonado toda responsabilidad pública y cuyo poder se ha desvanecido completamente”.
Sin embargo, desde el entorno judicial del caso se recuerda que las grabaciones, testimonios e informes de la UCO sitúan a Cerdán en el epicentro de la estructura de decisiones, incluyendo su implicación directa en nombramientos clave, como ya admitió él mismo en sede judicial. Su liderazgo dentro del PSOE hasta fechas recientes lo convierte en un actor cuya influencia, aunque retirada formalmente, no puede considerarse neutralizada.
El caso que amenaza con desbordar al PSOE
La posición de Cerdán en prisión preventiva es especialmente delicada porque se trata del primer dirigente del núcleo duro del sanchismo en sufrir medidas tan severas. El caso, que comenzó como una investigación acotada a comisionistas en contratos sanitarios, ha evolucionado hacia una trama más amplia de presunto tráfico de influencias, cohecho y organización criminal en el reparto de obra pública, con sospechas de que el mecanismo operaba desde el corazón del partido.
La decisión que adopte ahora el Tribunal Constitucional puede tener profundas implicaciones políticas y jurídicas. Una eventual excarcelación de Cerdán, amparada en argumentos de derechos fundamentales, reabriría el debate sobre la instrumentalización de las instituciones. Por el contrario, si el TC respalda los razonamientos del Supremo, se consolidaría una lectura del caso como una investigación estructural contra la corrupción en el aparato del poder socialista, más allá de las “manzanas podridas”.
