El Tribunal Constitucional ha decidido aplazar hasta el lunes la decisión sobre si paraliza la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y el propio TC que se pretenden aprobar este jueves en el Congreso de los Diputados a través de enmiendas a la reforma del Código Penal.

Fuentes jurídicas han informado de que el Pleno extraordinario del tribunal de garantías convocado para estudiar esta cuestión debe resolver primero sobre las recusaciones de su presidente, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez por ser afectados directamente por la ley, dado que implicaría su salida del tribunal.

El pleno debe decidir sobre las medidas cautelarísimas y sobre las recusaciones

Así las cosas, el Pleno tenía que resolver sobre la admisión a trámite del recurso de amparo y, en su caso, sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP, pero ahora también sobre las recusaciones.

El PP presentó este miércoles un recurso ante el tribunal de garantías con una petición cautelarísima que pasa por suspender los acuerdos en los órganos del Congreso que han permitido tramitar los cambios en el Código Penal.

Los populares pidieron al Constitucional que se pronunciara antes del Pleno de este jueves para que esas enmiendas no se puedan aprobar si los magistrados atendían su petición.

Vox ha seguido los pasos del PP y en un recurso de amparo registrado este jueves, el grupo parlamentario pide al tribunal de garantías suspender la tramitación de la proposición de ley de reforma del Código Penal y declarar su nulidad por haber sido incluido en el orden del día del pleno del Congreso.

Pero además, el grupo socialista y Unidas Podemos presentaron anoche sendos escritos en el Tribunal Constitucional en los que piden personarse en el procedimiento y se oponen a cualquier medida cautelar que afecte al trámite legislativo

Los socialistas advierten de que un paralización del proceso legislativo «impediría que los diputados ejercieran legítimamente sus funciones como representantes de los ciudadanos» y para Unidas Podemos «es la amenaza más grave a la democracia desde el 23-F».

El Gobierno en pleno avisa del «atropello democrático» si el TC frena al Congreso

Las vicepresidentas del Gobierno Nadia Calviño y Yolanda Díaz, y otras ministras han advertido del «atropello democrático sin precedentes» en el que podría incurrir el Constitucional si paraliza la votación hoy en el Congreso los cambios sobre el poder judicial y el propio TC.

En este sentido se ha pronunciado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, desde la isla de La Palma al afirmar que la petición del PP de solicitar medidas cautelarísimas al alto tribunal para que paralice esta votación es «un atropello institucional sin precedentes» que espera que no sea aceptado.

De manera parecida ha hablado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha insistido en la Cámara que sería «un atropello democrático» inédito y «una gravísima crisis institucional», y ha pedido «cordura y sentido democrático» ante un hecho «tan grave».

Rodríguez también ha trasladado la preocupación del Ejecutivo porque considera que lo que se está planteando es «amordazar la voluntad popular que se expresa en la urnas y que está representada en el Congreso». Ha cargado además contra el PP por dedicarse a «bloquear» las instituciones cuando no las ocupa.

También desde la Cámara Baja, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha dicho que el Tribunal Constitucional, con el mandato caducado, no puede cuestionar el debate parlamentario, que es «la base de la separación de poderes y de la soberanía popular», emplazando al PP a que deje de «fosilizar e inhabilitar» los órganos judiciales.

Mientras tanto, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha tachado igualmente de «gravísimo» lo que está pasando porque, según ha señalado, nunca en democracia se ha dado semejante paso, y ha cargado las tintas en el Partido Popular porque lleva cuatro años «violentando la democracia y los órganos institucionales».

Los letrados alertaron de problemas técnicos para la reforma del CGPJ y el TC

Los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso alertaron a los portavoces parlamentarios de los problemas técnicos de incluir en la proposición de ley de reforma del Código Penal las enmiendas sobre el sistema de elección en el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

Fue en la reunión del lunes de la Ponencia previa a la reunión de la Comisión de Justicia que después aprobó la amplia reforma del Código Penal propuesta por los partidos del gobierno de coalición y que, además de los cambios en el Poder Judicial, incluye el fin del delito de sedición y la rebaja de las penas por malversación.

Los letrados hicieron diversas observaciones verbales de carácter técnico sobre la inclusión en la reforma del Código Penal de alrededor de una docena de enmiendas, entre ellas las presentadas por el PSOE y Unidas Podemos para cambiar el sistema de mayorías del CGPJ cuando elige a los magistrados del Constitucional.

Unas observaciones que la Ponencia acordó incluir en su dictamen pero que no figuran en el acta de la Comisión de Justicia celebrada después.