En los últimos días, diversos contrapoderes, tanto nacionales como internacionales, han emergido como fuerzas que interfieren en la gestión del presidente Pedro Sánchez, marcando un período de desafíos significativos para el ejecutivo español. Estas interferencias han arrojado dudas sobre la capacidad del gobierno para ejercer su poder de manera efectiva y han abierto debates sobre su política de nombramientos y su enfoque en asuntos exteriores.

Uno de los golpes más significativos se produjo este jueves cuando el Tribunal Supremo anuló el nombramiento de la exministra socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno. La razón detrás de esta decisión fue la falta de reconocido prestigio jurídico de Valerio, según el alto tribunal. Esta acción judicial marcó un revés para el gobierno, evidenciando tensiones internas sobre la idoneidad de ciertos nombramientos clave.

Simultáneamente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un histórico juicio al considerar no idóneo para el cargo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por ocho votos contra siete. Esta inusual medida respondió a la determinación del partido socialista de mantener a García Ortiz en su cargo, a pesar de las críticas y la reciente anulación del ascenso de Dolores Delgado como fiscal de Sala por "desviación de poder". Estos episodios revelan fisuras internas en el sistema judicial español y plantean preguntas sobre la independencia de la fiscalía.

En paralelo, la política exterior de España también se ha visto sacudida, especialmente en relación con la controvertida ley de amnistía propuesta por el gobierno. A pesar de los intentos de Pedro Sánchez de distanciarse de las críticas, incluso viajando a Dubai, Italia, tradicionalmente considerada un aliado, desafió públicamente la posición del gobierno español. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, cuestionó la compatibilidad de la ley de amnistía con el Estado de Derecho, derribando la imagen de unidad internacional que el presidente Sánchez había intentado proyectar.

Ante este panorama desafiante, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se vio obligado a desplazarse a Bruselas para reunirse con la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Věra Jourová, y con el comisario de Justicia, Didier Reynders. El objetivo era mitigar las tensiones y evitar que la controversia sobre la ley de amnistía se propague por las instituciones europeas. Sin embargo, estas gestiones reflejan la preocupación del gobierno por las repercusiones a nivel internacional y plantean dudas sobre la firmeza de su posición.

A pesar de los esfuerzos del gobierno por proyectar tranquilidad, las tensiones persisten, y la ministra portavoz, Pilar Alegría, se burló del principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), por forzar un debate en el Parlamento europeo. Estas acciones sugieren un clima político tenso en el ámbito nacional y europeo, con el gobierno español lidiando con desafíos internos y externos que ponen a prueba su capacidad de liderazgo y su posición en la arena internacional.