Sánchez pactó con Petro extraditar a un español, violando la ley y el convenio con Colombia

El Gobierno de Pedro Sánchez accedió a la petición del presidente colombiano, Gustavo Petro, para impulsar la extradición de Diego Marín Buitrago, conocido como el zar del contrabando, pese a que este posee también nacionalidad española, circunstancia que, de acuerdo con el convenio bilateral de 1892 y la Ley 4/1985 sobre Extradición Pasiva, impediría su entrega, según publica VozPopulí.

Omisión deliberada de la doble nacionalidad

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, firmó el acuerdo del Consejo de Ministros que dio continuidad al procedimiento de extradición solicitado por Colombia, omitiendo en el documento cualquier referencia a la nacionalidad española de Marín. Según su defensa, esta omisión fue intencionada y respondía a un “compromiso político” de Sánchez con Petro.

Petro lleva más de un año reclamando su entrega, desde la detención del acusado el 5 de abril de 2024 en Gandía. Las autoridades colombianas le acusan de sobornar a mandos militares con pagos de 1.759 euros y 1.113 euros para facilitar operaciones ilegales de contrabando.

Contexto judicial y fuga a Portugal

En su momento, el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional dejó en libertad a Marín invocando tanto su nacionalidad española como circunstancias personales. En octubre de 2024, este huyó a Portugal, donde fue nuevamente detenido de forma temporal y desde donde reside ahora en Oporto, en libertad.

A pesar de que ya no está en España, Petro ha solicitado a Sánchez que interceda ante el gobierno portugués para lograr su extradición a Colombia. Este ruego se reiteró el pasado 21 de julio en la cumbre de líderes de izquierda en Santiago de Chile, organizada por Gabriel Boric.

Motivaciones políticas y vínculos económicos

En Colombia, la administración de Petro considera la extradición de Marín un asunto de Estado. Fuentes señalan que este habría financiado la campaña electoral de Petro en 2022 con una suma que oscila entre 115.000 y 500.000 dólares, lo que explicaría la insistencia en su captura. Petro sostiene que fue una “donación envenenada” destinada a perjudicarle y que ordenó su devolución a través del exdiputado de ERC Xavier Vendrell.

Además, desde círculos vinculados al chavismo se apunta que Venezuela aportó hasta 30 millones de dólares a la campaña de Petro, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Implicaciones diplomáticas y legales

La actuación del Gobierno español plantea dudas sobre el respeto a los compromisos legales internacionales y la separación entre intereses políticos y decisiones judiciales. El caso sigue abierto en el plano diplomático, con Portugal ahora como pieza clave en el desenlace.