Sánchez se atrinchera en la inocencia del fiscal y agita el terremoto judicial
Desde la cumbre del G-20, el presidente del Gobierno critica la sentencia contra el fiscal general, reivindica su discrepancia y evita hablar de indulto
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abordado por primera vez la situación generada tras la decisión del Tribunal Supremo de condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. Su pronunciamiento se ha producido durante la rueda de prensa celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica), al término de las sesiones de la cumbre del G-20, encuentro internacional en el que España participa desde el sábado y en el que el presidente también ha defendido la necesidad de avanzar hacia una fiscalidad global más equitativa y garantizar que cualquier negociación sobre la guerra de Ucrania incluya la participación directa del país afectado.
Durante su intervención, Sánchez ha reiterado la posición del Ejecutivo respecto a la resolución judicial. Ha recordado que el Gobierno «respeta pero no comparte» la sentencia del Alto Tribunal y ha subrayado nuevamente su respaldo al máximo responsable del Ministerio Público. En este sentido, ha expresado de forma explícita que «creo en la inocencia del fiscal general», insistiendo en que esa convicción se basa en elementos expuestos en sede judicial y en el testimonio de periodistas acreditados que declararon que García Ortiz no figuraba como origen de las filtraciones por las que ha sido condenado. Sánchez ha señalado que esta información forma parte del análisis general que el Gobierno hace sobre el caso y sobre la interpretación de la sentencia.
Evita hablar del indulto y espera la sentencia
El presidente ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de un indulto, afirmando que en este momento «no tiene sentido» plantear un escenario así. Ha recordado la existencia de «otras instancias jurisdiccionales» que podrán pronunciarse cuando se conozca el contenido íntegro de la resolución, en referencia al Tribunal Constitucional, dejando abierta la puerta a que dicho órgano revise el fallo si los procedimientos legales lo permiten.
Sánchez también ha defendido el derecho a expresar discrepancias en democracia. «En una sociedad democrática podemos manifestar nuestra discrepancia sobre la orientación de esta sentencia», afirmó, subrayando que él mismo la expresa públicamente como parte del ejercicio institucional legítimo.
Al ser preguntado por el relevo en la Fiscalía General del Estado, Sánchez confirmó que se activará el procedimiento para designar a un nuevo responsable. No ofreció nombres ni fechas, limitándose a señalar que «ya lo sabrán cuando corresponda». Anticipó, eso sí, que el perfil seguirá la línea de anteriores nombramientos: profesionales con dilatada trayectoria jurídica, igual que García Ortiz.
Tampoco aclaró si el Consejo de Ministros del próximo martes incluirá esa decisión, remitiéndose a los tiempos habituales del Ejecutivo.
Críticas al Partido Popular
Sánchez también ha criticado declaraciones recientes de dirigentes del Partido Popular, recordando las de Ignacio Cosidó en 2018, cuando el entonces senador aseguró que su formación podría influir en el Tribunal Supremo. «A mí no me habrán escuchado nunca decir, como otros partidos, que vamos a controlar la Sala Segunda por la puerta de atrás», afirmó. Defendió que su Gobierno mantiene una relación institucional basada en la independencia judicial y el cumplimiento de las resoluciones del Supremo.
El presidente reiteró que el proceso para sustituir al fiscal general seguirá los cauces establecidos y que el nombre del nuevo responsable se comunicará únicamente cuando esté cerrado. También recordó que el Ejecutivo continuará defendiendo sus criterios jurídicos dentro de la legalidad vigente y del respeto a las competencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
