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Sánchez contamina más que apaga: 9 vuelos en dos días en plena crisis forestal

Dos helicópteros Super Puma, de los más potentes contra incendios, fueron reservados en exclusiva para el traslado del presidente y su equipo, mientras el dispositivo antiincendios sigue debilitado por la falta de Kamov

Pedro Sánchez llegando en Superpuma a una de las zonas afectadas por los fuegos. / EP
Pedro Sánchez llegando en Superpuma a una de las zonas afectadas por los fuegos. / EP

En pleno repunte de incendios forestales que afectan gravemente a diversas comunidades autónomas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reactivado el debate sobre el uso de medios públicos con fines institucionales al realizar una gira de visitas con un despliegue aéreo sin precedentes. Según información publicada por The Objective y Vozpópuli, Sánchez habría empleado nueve vuelos entre helicópteros Super Puma y aviones Falcon en apenas dos días para cubrir trayectos que no superaban los 400 kilómetros.

Lo que debería haber sido un ejercicio de liderazgo y empatía ante la emergencia ha quedado empañado por lo que algunos sectores consideran un uso excesivo, innecesario y contradictorio de los recursos del Estado. Mientras el presidente pide un "Pacto de Estado contra el cambio climático", su operativo aéreo ha generado un coste estimado de 10.068 euros sólo en combustible, equivalente a unas 61 toneladas de CO2, según datos cruzados con la herramienta Falcon Despega y fuentes oficiales.

A ello se suma el hecho de que dos Super Puma militares, que podrían haber sido utilizados como medios antiincendios, fueron reservados exclusivamente para transportar al presidente, al ministro del Interior y a su equipo. En contraste, solo uno de estos helicópteros —el modelo más potente disponible actualmente en la campaña de incendios— fue realmente desplegado para tareas de extinción de fuegos, mientras que los restantes helicópteros operativos eran de menor capacidad.

La paradoja no pasa desapercibida: el presidente del Gobierno voló en aeronaves dotadas de capacidad para transporte VIP, mientras las flotas especializadas contra incendios están mermadas por la falta de helicópteros Kamov Ka-32, retirados por las sanciones a Rusia que imposibilitan su mantenimiento. El Gobierno no ha sustituido esta pérdida, dejando al país sin los ocho helicópteros pesados más eficaces.

Según documentación del propio Ministerio de Transición Ecológica, la ausencia de los Kamov ha generado una merma operativa sin alternativa técnica viable. Aunque se han reforzado los aviones anfibios, estos no cubren con eficacia la función específica que realizaban los helicópteros retirados. Además, el intento de modernizar diez aviones Canadair CL–215T también ha fracasado por un error de contratación, al adjudicarse a una empresa que no contaba con autorización del fabricante.

La crítica no se ha limitado a los sectores de la oposición. El propio Financial Times ha reflejado en portada la creciente presión política e institucional sobre el Ejecutivo, haciendo alusión tanto al uso de medios públicos durante la crisis de incendios como a las investigaciones judiciales abiertas contra Begoña Gómez, esposa del presidente.

Por su parte, Sánchez ha intentado proyectar una imagen de acción y compromiso climático, anunciando desde Galicia y Extremadura la inminente propuesta de un Pacto de Estado por el Clima, que supuestamente será detallado en septiembre. Ha asegurado que este pacto buscará "sacar del debate partidista" las políticas medioambientales y basarlas en la "evidencia científica". No obstante, su mensaje ha sido recibido con escepticismo, incluso por partidos de la oposición como el PP, que tildan la propuesta de oportunista y contradictoria.

En lugar de fortalecer su imagen como líder comprometido con la emergencia climática, Pedro Sánchez ha provocado una controversia que mina su credibilidad. El uso de medios aéreos costosos y contaminantes, en un contexto de escasez de recursos para apagar incendios, genera preguntas legítimas sobre las prioridades del Gobierno y la coherencia de su discurso climático. La ciudadanía observa con creciente preocupación cómo la distancia entre la retórica y la realidad gubernamental sigue ampliándose justo en los momentos de mayor necesidad colectiva.

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