Sánchez congela el Presupuesto de 2026: no lo presentará sin mayoría garantizada
El Gobierno admite que sin el respaldo explícito de sus socios no llevará las cuentas a votación en el Congreso
Lo que debía ser el inicio de un nuevo ciclo presupuestario se ha convertido en un ejercicio de contención política. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido no tramitar los Presupuestos Generales del Estado de 2026 a menos que las Cortes garanticen su aprobación. Así lo deslizó esta semana el propio Ejecutivo en diferentes declaraciones, matizadas con precisión quirúrgica por su portavoz, Pilar Alegría, y confirmadas con claridad por la vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero.
“No se puede dar el pistoletazo de salida si no hay certeza de que uno tiene capacidad de aprobarlos”, sentenció Montero en una entrevista en RTVE. Una frase que es, en esencia, el reconocimiento oficial del bloqueo legislativo que sufre el Gobierno de coalición PSOE–Sumar, y la admisión implícita de la extrema fragilidad de sus alianzas parlamentarias.
Del anuncio a la ambigüedad: un presupuesto en el aire
El lunes, Pedro Sánchez habló de “presentar” las cuentas públicas, pero evitó con cuidado el verbo “tramitar”. Según fuentes socialistas consultadas por Vozpópuli, ese matiz no es menor: el Gobierno pretende llevar el anteproyecto al Consejo de Ministros, sí, pero sólo lo registrará en el Congreso si hay garantías mínimas de éxito. Sin ellas, todo quedará en una operación simbólica sin recorrido legislativo.
La decisión no es gratuita. Sánchez ya fracasó este mismo año al no poder llevar a votación los presupuestos de 2025 por falta de apoyos, y repetir el error sería devastador. Una derrota parlamentaria en primavera, señalan fuentes internas, forzaría casi con seguridad la disolución de las Cortes y el adelanto electoral, en un momento en que la imagen del Gobierno está erosionada por causas judiciales y tensiones con sus socios.
Techo de gasto, negociaciones discretas y riesgo calculado
Lo único claro hasta ahora es que el techo de gasto se aprobará en otoño, tal y como exige el calendario fiscal, y servirá como base para que autonomías y ayuntamientos elaboren sus propios presupuestos. Paralelamente, el Ministerio de Hacienda seguirá manteniendo contactos discretos con los grupos parlamentarios, especialmente con ERC, Junts, Bildu y el BNG.
Pero, como reconocen fuentes de Moncloa, “hoy no hay mayoría parlamentaria” ni para aprobar los presupuestos ni para comenzar una negociación real. Las tensiones con los socios se han hecho evidentes en las últimas semanas, con el fracaso de iniciativas como la reducción de la jornada laboral o la llamada Ley Bolaños, retiradas del orden del día por falta de acuerdo.
Un Consejo de Ministros a la espera del clima político
El escenario más probable es que en septiembre, el Ejecutivo convoque un Consejo de Ministros para aprobar el techo de gasto, lo remita a las Cortes, y en paralelo, María Jesús Montero abra una ronda de consultas formales con los socios de investidura. Sólo si se alcanza un consenso —aunque precario— se procederá a registrar el proyecto de ley de Presupuestos.
Desde dentro del PSOE ya se admite que cualquier paso en falso podría ser definitivo: “Presentar un anteproyecto y después recular es manejable; perder una votación en el Congreso lo es mucho menos”, aseguran.
