Sánchez blindará sus viajes en Falcon con la nueva Ley de Secretos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta el proyecto de Ley de Información Clasificada, una normativa que sustituirá a la vigente Ley de Secretos Oficiales de 1968. La nueva norma concede al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez la capacidad exclusiva para decidir qué asuntos son declarados “alto secreto”, “secreto”, “confidencial” o “restringido”.

Entre los efectos más destacados, esta ley permitirá ocultar información sobre los viajes del presidente en el Falcon presidencial, los destinos, los acompañantes y cualquier otro aspecto considerado sensible por el propio Gobierno. La norma justifica esta clasificación por motivos tan amplios como la defensa nacional, la seguridad pública, la protección de autoridades o cualquier otro ámbito que, a juicio del Ejecutivo, requiera “la más alta protección”.

De la ley franquista a un blindaje presidencial más amplio

Hasta ahora, el Ejecutivo venía utilizando la ley de 1968 como base legal para no ofrecer detalles sobre los desplazamientos de Pedro Sánchez en aeronaves militares. Sin embargo, esa normativa nunca establecía expresamente la protección de esa información. Con la nueva ley, la opacidad será legal y automática, al quedar la decisión únicamente en manos del Consejo de Ministros.

Como recoge OKDIARIO, Moncloa ha llegado a clasificar como secreto incluso el nivel de contaminación generado por el Falcon. También se ha negado en diversas ocasiones a revelar quiénes acompañaban al presidente en sus viajes o en sus vacaciones en La Mareta.

Régimen de plazos para la desclasificación

La Ley de Información Clasificada establece plazos máximos para la desclasificación automática de los documentos:

• Alto secreto: 45 años, prorrogables si se alega riesgo a la seguridad nacional.

• Secreto: 35 años, con posibilidad de prórroga de 10 años.

• Confidencial: entre 7 y 9 años, sin prórroga.

• Restringido: entre 4 y 5 años, sin prórroga.

Esta estructura permitirá, por ejemplo, desclasificar documentos sobre el 23-F en 2026, siempre que no se invoque una causa superior de seguridad o defensa.

Sanciones de hasta 2,5 millones por filtrar información

La ley contempla también un régimen sancionador administrativo para quienes divulguen información clasificada. Las sanciones económicas oscilan entre los 30.000 euros (infracciones leves) y los 2,5 millones de euros (graves). Según explicó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, estas sanciones serán gestionadas desde una nueva Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, dependiente directamente de su Ministerio, desplazando atribuciones que antes recaían en Defensa.

El Gobierno prevé que, si la tramitación parlamentaria es “rápida”, la ley podría publicarse en el Boletín Oficial del Estado en el último trimestre de 2026. Aunque la norma incluye vías para que ciudadanos o investigadores soliciten la desclasificación de documentos, la decisión última en caso de discrepancia será tomada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo.