La subida de termostatos hasta 27 grados y el apagado de escaparates y edificios públicos son hoy ya una realidad. Administraciones, comercios y lugares públicos tienen que haber aplicado las medidas de ahorro energético del decreto ley aprobado por el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones y que ha desatado críticas, dudas e incertidumbre entre las comunidades autónomas, –las que deben aplicar las sanciones al tener en sus manos las competencias–. La última conferencia de consejeros presidida por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sirvió para poco y los gobiernos autonómicos del PP pidieron –sin lograrlo–, junto a Cataluña y País Vasco –que criticaron duramente la decisión del Gobierno de seguir adelante– la retirada del decreto.