Revés para el socio de Cerdán: Antxon Alonso se queda sin defensa en el 'caso Koldo'

El empresario vasco Joseba Antxon Alonso Egurrola, conocido como Guipuchi, Guipu o simplemente G, se ha quedado sin defensa legal en la causa especial del Tribunal Supremo vinculada al 'caso Koldo' después de que sus tres abogados y la procuradora hayan presentado su renuncia simultánea. La decisión, registrada este lunes 4 de agosto en el sistema LexNET, no detalla los motivos, pero supone un revés para el investigado en un momento procesal crítico, según publica OkDiario.

Los letrados Martín Zudaire Polo, Myriam Ayerra Eusa y Blanca Sardina Rovira comunicaron por escrito a la Sala Segunda del Supremo que dejan la defensa de Alonso, limitándose a señalar en su escrito del 31 de julio: “Renunciamos a la defensa y representación del Sr. Alonso Egurrola en la presente causa”. El tribunal deberá ahora requerir al procesado que designe una nueva representación legal, mientras la investigación avanza sobre presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos millonarios.

Un empresario discreto con gran peso político

Natural de Elgoibar (Guipúzcoa), Alonso acumula 20 cargos en 14 empresas y fue administrador de Servinabar 2000, compañía central en la trama investigada. Amigo íntimo de Santos Cerdán desde hace más de una década, su papel ha sido clave como intermediario entre el PSOE y fuerzas nacionalistas vascas como Bildu y PNV. La Guardia Civil sostiene que en 2016 firmó una escritura privada por la que Cerdán pasaba a controlar el 45% de Servinabar, sociedad a través de la cual se habrían logrado adjudicaciones de gran envergadura, como las obras del túnel de Velate o el estadio Navarra Arena.

Alonso reconoció ante el juez Leopoldo Puente el pasado 7 de julio que Cerdán firmó ese documento, aunque alegó que “se quedó olvidado en el trastero” y nunca se ejecutó. También fue el encargado de facilitar reuniones entre Arnaldo Otegi y Santos Cerdán, encuentros confirmados públicamente por el líder de Bildu, que sirvieron para establecer una vía directa de comunicación entre la izquierda abertzale y los socialistas navarros.

Contratos y hallazgos en la investigación

En julio de 2018, el empresario consiguió un contrato de 3,1 millones de euros para la construcción de un colegio en Arbizu (Navarra), municipio gobernado por Bildu, a través de una UTE formada por Acciona y Alegure, sociedad de su propiedad. Durante un registro en su domicilio, la UCO halló más de 16.000 euros en efectivo guardados en bolsas de plástico. Alonso aseguró ante el juez que su inclusión en el sumario del caso Koldo le ha causado “daño reputacional” en su entorno local.

Un abandono legal poco habitual

La renuncia simultánea de tres abogados en una misma defensa es un hecho poco frecuente, ya que en la mayoría de casos un compañero de bufete asume el relevo para evitar interrupciones procesales. Ahora será la Sección 4ª de la Sala Segunda del Supremo la que determine el plazo para que Alonso nombre nuevos representantes.

Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción mantiene medidas cautelares contra él, entre ellas la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días. La dimisión de su equipo jurídico, unida a la fuerte carga política y mediática del caso, deja a Alonso ante la tarea de encontrar un nuevo equipo legal dispuesto a asumir una defensa que se desarrolla en un contexto de alta presión y exposición pública.