El régimen chino refuerza su poder judicial en España con apoyo del Gobierno de Sánchez
El pasado 21 de julio, el fiscal general de China, Ying Yong, realizó una visita oficial de dos días a Madrid, tras su paso por Cuba, en una escala que no figuraba inicialmente en la agenda pública. Esta parada en España supone un nuevo paso en el fortalecimiento de las relaciones entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el régimen de Pekín, y ha reavivado la polémica sobre la cooperación judicial entre ambos países, según publica El Mundo.
Un encuentro bilateral sin precedentes recientes
La visita de Ying Yong, máximo responsable de la Fiscalía Popular Suprema de China, fue la primera de un fiscal general chino a España desde 2009, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, quien ahora ejerce un papel de relaciones públicas no oficial en el acercamiento diplomático con China.
Durante su estancia, Ying se reunió con:
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Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.
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Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional.
En estos encuentros se firmaron dos memorandos de cooperación judicial, cuyo objetivo es compartir información jurídica y reforzar la lucha contra el crimen transfronterizo. La nota oficial de la Fiscalía española ofreció un resumen escueto, mientras que la parte china enfatizó el fortalecimiento de una "asociación estratégica integral" entre las instituciones judiciales de ambos países.
España, única puerta abierta en Europa para las extradiciones a China
La visita cobra especial relevancia en el contexto de las extradiciones de ciudadanos chinos y taiwaneses desde España, que han continuado a pesar de las advertencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Desde que en 2022 el TEDH bloqueara una extradición desde Polonia por el riesgo de torturas o falta de garantías judiciales, ningún otro país europeo ha autorizado extradiciones a China, salvo España.
Desde 2023, al menos nueve extradiciones han sido aprobadas por el Gobierno español, entre ellas la de un detenido por estafa en la cárcel de Soto del Real.
El caso más sonado se remonta a 2016, cuando se extraditó a más de 100 ciudadanos taiwaneses detenidos por estafa telefónica. A pesar de las peticiones de Taipei para que fueran juzgados en su país, la Audiencia Nacional española autorizó su envío a China. Muchas familias de los extraditados denuncian que no han vuelto a tener noticias de sus familiares, temiendo que estén desaparecidos o maltratados en el sistema penitenciario chino.
Contexto político y tensiones internacionales
La visita de Ying se produjo en plena polémica por los contratos del Ministerio del Interior con Huawei, empresa china señalada como riesgo para la seguridad nacional por Estados Unidos y otros países europeos. De hecho, el Congreso de EE. UU. ha pedido revisar la colaboración tecnológica entre España y China, especialmente en áreas sensibles como el control de escuchas de la Guardia Civil.
La cooperación judicial, en este contexto, preocupa a observadores internacionales y a defensores de derechos humanos, quienes advierten de que se está dando carta blanca a un sistema judicial –el chino– sin garantías, opaco y controlado por el Partido Comunista.
¿Qué implica este acercamiento?
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España se aísla en la UE al mantener acuerdos judiciales con China que otros países ya han paralizado.
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La extradición de ciudadanos taiwaneses a China continúa, pese a las denuncias de posibles abusos.
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El Gobierno de Sánchez apuesta por una línea continuista con la diplomacia económica y judicial con Pekín, bajo la influencia de figuras como Zapatero, con historial de vínculos con regímenes autoritarios.
