A días para que entre en vigencia la reforma de la malversación, el juez que investiga el caso Acuamed, Manuel García Castellón, ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que revise el escrito en el que solicitaba el procesamiento de los imputados por si tiene que hacer alguna modificación a raíz de la reforma del Código Penal que rebaja algunas penas del delito de malversación y que entrará en vigor este jueves.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional acuerda prorrogar tres meses la instrucción de esta causa para dar tiempo a la Fiscalía a pronunciarse ante esta reforma, que sería sobre el primer caso de corrupción sobre el que lo haría tras su aprobación.

Según el juez, la entrada en vigor de la reforma, aprobada a finales de diciembre, "podría suponer una revisión del escrito del fiscal, en la medida que sería necesario dar nuevo traslado a los efectos de valorar si procede la transformación a sumario".

Además, "de acordarse la transformación, se requiere también la citación de todos los procesados para la declaración indagatoria", una diligencia, dice García Castellón, que no debería verse "afectada por la superación del plazo máximo de duración de la instrucción".

La posibilidad de tener que citar de nuevo a los procesados, la necesidad de "tener un marco adecuado para que estas declaraciones puedan practicarse dentro del periodo de instrucción, unido a las "excepcionales circunstancias generadas por la reciente modificación legal, determinan la oportunidad de decretar" una nueva prórroga de la instrucción, explica el juez.

El titular del juzgado central 6 de la Audiencia Nacional investiga el caso Acuamed desde enero de 2016 por un supuesto desvío de fondos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

LA FISCALÍA FIJARÁ UN CRITERIO ÚNICO

La Fiscalía General del Estado fijará un criterio único que aplicar en las revisiones de las condenas por malversación, con "celeridad" pero también buscando "consenso", una vez entre en vigor la reforma del Código Penal que reduce las penas por ese delito cuando no existe ánimo de lucro.

La Fiscalía lleva ya semanas trabajando para redactar una instrucción que marque las pautas para aplicar la reforma penal sobre el delito de malversación que entrará en vigor el próximo jueves y que, según apuntan fuentes del ministerio público, tiene muchos "recovecos".

La pauta que establecerá la Fiscalía General pretende fijar los criterios en los casos de causas abiertas por malversación y, especialmente, en las revisiones de las condenas por ese delito dictadas de acuerdo con reforma de 2015, cuando se suprimió el requisito del ánimo de lucro en el tipo penal.

La nueva ley, que establece una pena máxima de cuatro años cuando no esté probado el ánimo de lucro, puede propiciar la revisión a la baja de las condenas que se hayan impuesto de acuerdo con la reforma de 2015, impulsada por el PP.

Precisamente, la Fiscalía de Cataluña tiene pendiente presentar su escrito de acusación contra los excargos de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, ambos procesados por malversación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por su papel en la organización del 1-O desde la Conselleria de Economía que dirigía Oriol Junqueras.

La presentación de ese escrito, que deberá redactarse de acuerdo con la reforma penal que entrará en vigor pasado mañana, podría demorarse aún semanas, a la espera de que la Fiscalía General fije los criterios para la aplicación de la nueva norma en todo el Estado.