La reforma fiscal se estanca: el PSOE se enfrenta a divisiones internas y pospone su aprobación por tercera vez
Después de posponer la reforma en dos ocasiones, se esperaba que este jueves el proyecto de ley para instaurar un impuesto mínimo global del 15% para empresas multinacionales se discutiera en la Comisión parlamentaria de Hacienda, pero el consenso no ha sido alcanzado y la votación se ha pospuesto nuevamente.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha tenido que desconvocar la sesión de la comisión por segunda vez en la semana —y tercera en los últimos diez días— debido a la falta de acuerdo con sus socios de coalición, que se mantienen divididos en varios puntos clave de la reforma fiscal. Este retraso añade presión al Ejecutivo, que ahora se enfrentará a una última oportunidad el próximo lunes para debatir y salvar al menos algunas de las nuevas medidas fiscales acordadas con sus aliados, con el objetivo de que puedan ser votadas el jueves siguiente y entren en vigor en enero.
Un obstáculo persistente en el camino hacia la reforma fiscal
La reforma fiscal, impulsada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, debía haberse aprobado el pasado día 6. Sin embargo, la falta de acuerdo en torno a los puntos centrales de la propuesta llevó a un primer aplazamiento para el lunes, que tampoco logró desbloquear la situación. Las tensiones han crecido dentro del Gobierno debido a la insistencia de partidos como ERC, Bildu y Podemos, que demandan cambios adicionales a los pactos alcanzados entre Montero y otros aliados clave, como el PNV y Junts.
Entre las demandas está la permanencia del impuesto a las energéticas, una propuesta respaldada por la vicepresidenta primera del Gobierno en alianza con Sumar. No obstante, la inclusión de este impuesto genera fricciones dentro de la coalición, ya que Junts considera que podría tener consecuencias negativas para las inversiones, especialmente en sectores estratégicos como el de Tarragona, según publica El Mundo.
El PP se ofrece a apoyar un acuerdo limitado
En medio de la falta de consenso dentro de la coalición de Gobierno, el Partido Popular (PP) ha ofrecido su apoyo bajo ciertas condiciones. Horas antes de la sesión de la comisión, el PP señaló que estaría dispuesto a votar a favor del proyecto del Gobierno, siempre que el texto se limite a aspectos esenciales como el impuesto mínimo global y la lucha contra el fraude en hidrocarburos en cumplimiento de la normativa europea, sin añadir nuevos tributos.
Este posible respaldo del PP podría permitir a Montero salvar el proyecto de ley sin incluir algunos de los impuestos adicionales —como el de la banca y las energéticas—, que son considerados especialmente recaudatorios. Sin embargo, Montero sigue intentando rescatar al menos el impuesto bancario, que considera fundamental para la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Consecuencias de un posible fracaso
El riesgo de que la reforma fiscal fracase es alto, lo que dejaría al Gobierno en una posición vulnerable y dificultaría aún más las negociaciones sobre la senda de déficit y el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025. Además, quedarían en suspenso varios impuestos acordados con Sumar, como los gravámenes sobre apartamentos turísticos, bienes suntuarios y las Socimi inmobiliarias. Este último punto ha generado caídas significativas en las bolsas de valores, afectando a las principales empresas del sector inmobiliario en España.
Un escenario incierto y una última oportunidad el lunes
El Gobierno, con el lunes como último recurso, se enfrenta a una situación límite en la que deberá realizar concesiones o negociar alternativas que permitan salvar, al menos, una parte de la reforma fiscal. La falta de acuerdo interno y la presión de los plazos se perfilan como obstáculos difíciles de sortear para la coalición de izquierdas, que necesita cumplir sus compromisos antes de final de año para evitar una mayor inestabilidad económica y política.
