En un hecho sin precedentes en la historia democrática de España, la propuesta de renovación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado ha sido rechazada por una mayoría absoluta en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La votación, que contó con 8 votos en contra, 7 a favor y una abstención, ha concluido con la consideración de que García Ortiz es "inidóneo" para liderar el Ministerio Público durante los próximos cuatro años.

La decisión del Consejo ha sido influenciada de manera "muy evidente" por la reciente anulación, por parte del Tribunal Supremo, del nombramiento realizado por García Ortiz a favor de su predecesora, Dolores Delgado, como fiscal de Sala Togada de lo Militar del Alto Tribunal. Este revés no solo se basa en el sentido de la resolución, sino también en la "desviación de poder" evidenciada por García Ortiz al favorecer a su mentora en detrimento de otros candidatos mejor cualificados.

Además de cuestionar la idoneidad de García Ortiz, se ha señalado su pasividad en la defensa de los fiscales frente a acusaciones de "lawfare" y su papel en medio de la controversia generada por la Ley de Amnistía pactada entre el PSOE y Junts. Este rechazo del CGPJ marca un acontecimiento inédito en la relación entre el Poder Judicial y el Gobierno, profundizando la crisis en el ámbito jurídico español.

El varapalo del Consejo al Gobierno ha sido contundente y, según ha podido saber El Debate, en la decisión oficial ha pesado de manera «muy evidente» la reciente anulación del Supremo al nombramiento efectuado por García Ortiz, durante la anterior etapa de su mandato, a favor de su predecesora Dolores Delgado como fiscal de Sala Togada de lo Militar del Alto Tribunal. «No tanto por el sentido de la resolución, en sí misma, sino por las razones por las que se anuló», han apuntado dichas fuentes. Esto es, una clara «desviación de poder» de García Ortiz para favorecer a su mentora en detrimento de otros candidatos con mejor perfil.

Además del hecho cuestionable de que el máximo responsable «de la defensa de la legalidad» en nuestro país haya «dado muestras de pasividad en la defensa de los fiscales ante las acusaciones de lawfare» que, al menos los cuatro al frente de la causa del procés, han recibido en las últimas semanas desde que se conociera la inclusión del término en los acuerdos suscritos entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.