Pumpido acelera el dictamen sobre la amnistía: el TC tendrá un borrador en abril
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha dado un impulso definitivo al análisis de la Ley de Amnistía. Según ha confirmado THE OBJECTIVE, el magistrado ha encargado a un grupo de trabajo de confianza la redacción de un borrador que estará listo a finales de abril, con vistas a que el Pleno del tribunal emita su dictamen definitivo en junio.
El objetivo es claro: resolver antes del verano el encaje constitucional de la norma que beneficiaría, entre otros, al expresident Carles Puigdemont, incluyendo la amnistía por el delito de malversación, una de las piezas clave de la ley. Esta maniobra, según fuentes jurídicas consultadas, pretende allanar el regreso del líder de Junts a España, en un momento decisivo para el devenir de la legislatura.
Un equipo de confianza y bajo presión
El borrador será elaborado por cinco letrados adscritos al bloque progresista del tribunal, bajo la coordinación de Juan Carlos Duque, secretario general adjunto del TC. El equipo incluye colaboradores directos del propio Conde-Pumpido, así como de los magistrados Juan Carlos Campo, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáenz. Según fuentes internas, los trabajos están “bastante avanzados” y se espera que el primer texto se entregue antes de Semana Santa.
Este calendario ha generado malestar en el Tribunal Supremo, que observa con inquietud la rapidez del proceso y la intención de intervenir en cuestiones que consideran ajenas al ámbito del Constitucional. De hecho, miembros del Supremo no descartan la apertura de un procedimiento contra Conde-Pumpido por prevaricación, debido a su supuesta intención de bloquear la presentación de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El choque entre tribunales
La tensión entre el Supremo y el Constitucional ha alcanzado un nuevo nivel. La reciente ausencia de Conde-Pumpido en el acto de toma de posesión de varios magistrados del Supremo fue interpretada como un gesto deliberado. “No viene desde la apertura del año judicial porque sabe que no sería bien recibido”, aseguran fuentes del Alto Tribunal.
El punto de fricción más delicado es la posible exclusión de la malversación del alcance de la amnistía. Mientras el Supremo considera que debe excluirse toda conducta con ánimo de lucro o perjuicio a fondos públicos, el borrador que impulsa Montalbán —alineado con la tesis de Pumpido— apunta en sentido contrario: validar la constitucionalidad plena de la ley, incluidas las disposiciones que permitirían amnistiar a los líderes independentistas por delitos económicos.
Este escenario podría desembocar en un choque institucional sin precedentes si, como advierten juristas, se impide a tribunales ordinarios cuestionar el contenido de la ley ante la justicia europea, vulnerando lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la UE. El propio TJUE ya ha dejado claro que ninguna corte nacional puede limitar el derecho a plantear cuestiones prejudiciales.
Consecuencias políticas y jurídicas
Si finalmente el Constitucional avala la ley —rechazando los recursos del Partido Popular, de varios gobiernos autonómicos y del Supremo—, se abrirá la puerta al regreso de Puigdemont este mismo verano. Una posibilidad que podría desbloquear acuerdos clave para el Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente en un contexto parlamentario marcado por la fragmentación.
Sin embargo, desde el Supremo ya se han alzado voces que alertan de una judicialización inversa, en la que el TC estaría asumiendo un papel de tribunal de casación que no le corresponde. Además, la posibilidad de abrir una vía penal contra Conde-Pumpido por abuso de funciones o desviación de poder ya se contempla en algunos sectores del Alto Tribunal.
El futuro inmediato de la ley, del liderazgo de Puigdemont y de la estabilidad del Ejecutivo depende ahora de cómo se resuelva esta pugna entre el Constitucional y el Supremo.
