El bloqueo de las negociaciones entre Carles Puigdemont y el PSOE para el apoyo de los 7 diputados de Junts a la investidura de Pedro Sánchez se ha convertido en un punto crítico en medio de las conversaciones.

La razón detrás de este estancamiento radica en la solicitud de ampliar el alcance de la ley de amnistía para incluir a todos los afectados por la ‘Operación Voloh’ y a la familia Pujol.

Este bloqueo ha surgido inesperadamente después de que se diera por hecho un acuerdo, destacado por la imagen de Santos Cerdán, el número tres del PSOE, junto a Puigdemont en Bruselas.

Esta fotografía marcó el primer paso para cumplir con una de las demandas iniciales de Puigdemont: su reconocimiento como interlocutor político después de años de aislamiento debido a su estatus de fugitivo de la justicia.

Sin embargo, la cautela persiste, como lo subrayó Puigdemont en su perfil de X antes Twitter, donde advirtió que no cambiarán la prudencia y las precauciones mantenidas, independientemente de la urgencia percibida por algunos. Esto refleja su escepticismo hacia el sistema político español.

Extender la amnistía. El líder de Junts convocó a la cúpula de su partido en Bruselas para finalizar el acuerdo con el PSOE, con Laura Borràs y Jordi Turull a la cabeza.

No obstante, La Moncloa rechazó la última propuesta presentada por el negociador de Junts, el abogado Gonzalo Boye.  Esta propuesta incluía la extensión de la amnistía para abarcar tanto la ‘Operación Voloh’ como el caso Pujol. El independentismo considera que estos casos forman parte de la supuesta «causa general contra el independentismo» orquestada por la justicia.

La negativa del PSOE a esta propuesta socavó la esperada comparecencia de Puigdemont para explicar el acuerdo que Junts daba prácticamente por cerrado.

Sin embargo, se logró un consenso en otra de las reivindicaciones de Puigdemont: la designación de un mediador o verificador internacional para garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

El negociador de Sumar, Jaume Asens, confirmó esta información en declaraciones a TV3, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, destacó la necesidad de que esta figura tenga un reconocido prestigio.

A quienes buscan amnistiar. La propuesta de amnistía sigue expandiéndose, ya que Esquerra Republicana presiona para que cubra a los investigados en las causas de Tsunami Democràtic y los Comités de Defensa de la República (CDR).

Por su parte, Junts ha incluido los casos ‘Operación Voloh’ y Pujol. En el caso de Jordi Pujol y su familia, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz recientemente elevó el caso a la Sala de lo Penal, que debe fijar la fecha del juicio. Hace más de dos años, Pedraz dictó una resolución que envió a juicio a la familia Pujol por delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.

En el caso ‘Operación Voloh’, Puigdemont busca que la amnistía cubra a todos los investigados por el juez Joaquín Aguirre, del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, en relación a esa operación que destapó los vínculos del entorno de Puigdemont con intermediarios del Kremlin.

Desde Esquerra argumentan que la amnistía en este caso debería limitarse a los investigados por el 1-O, excluyendo a Josep Lluís Alay, jefe de la Oficina de ex Presidente de Puigdemont, quien no estuvo involucrado en la organización del referéndum.

Fuentes de Esquerra también sugirieron la posibilidad de que Junts quisiera incluir a su presidenta y al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, en la amnistía.

Sin embargo, Boye está siendo investigado por un presunto delito de blanqueo junto al narcotraficante José Ramón Prado, alias Sito Miñanco, y Laura Borràs fue condenada por falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa durante su gestión de la Institución de las Letras Catalanas, sin relación con el 1-O. Desde Junts, niegan estas acusaciones de manera categórica.