Presidencia blinda el encuentro de Zapatero con un empresario de Plus Ultra en El Pardo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido dar cobertura institucional a la reunión secreta que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo en un monte público de acceso restringido con un intermediario de Plus Ultra que sería detenido por la UDEF apenas 72 horas después. Presidencia se niega a ofrecer explicaciones sobre el encuentro alegando que hacerlo supondría un perjuicio para la “seguridad pública”, pese a que la cita tuvo lugar en un espacio público y con recursos del Estado.
La reunión, celebrada en el Monte de El Pardo, fue desvelada por El Debate y figura en documentación oficial a la que ha tenido acceso este periódico. Según dichos documentos, Zapatero utilizó coche oficial y escoltas para desplazarse hasta una finca vigilada por Patrimonio Nacional, dependiente de Presidencia del Gobierno, donde se reunió con el empresario Julio Martínez, intermediario de Plus Ultra para el que trabajaba como consultor.
Lejos de exigir explicaciones a su antecesor, Sánchez ha optado por amparar legalmente el encuentro, incluso después de que el propio Zapatero reconociera haber cobrado “cantidades globales” del empresario, quien fue arrestado días después por presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias relacionados con la aerolínea rescatada.
El Gobierno se niega a aclarar quién autorizó la entrada del expresidente y del empresario a la zona restringida, qué instrucciones se dieron desde Moncloa a los funcionarios de Patrimonio Nacional o qué empleados permitieron el acceso a un área sin cobertura telefónica. Para justificar el silencio, Presidencia invoca un acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de agosto, por el que se aprobó el Plan de Protección del Monte de El Pardo.
En una resolución firmada el 16 de enero de 2026 por la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana Cuevas, se argumenta que la divulgación de los procedimientos internos de control de accesos podría comprometer la seguridad del espacio y, por tanto, constituir un perjuicio para la seguridad pública, de acuerdo con el artículo 14.1.d) de la ley de transparencia.
No obstante, el propio acuerdo gubernamental señala que la zonificación del Monte de El Pardo se mantiene conforme al Plan de protección medioambiental de 1997, lo que no impidió que Zapatero accediera a una zona de reserva con características especiales tras la apertura de una cancela por parte de un empleado público.
Según la información publicada, el expresidente utilizó su dispositivo oficial de escoltas para blindar una reunión que tuvo lugar en un enclave protegido y horas antes de que la UDEF arrestara al empresario con el que se entrevistó. El Ministerio del Interior ha sido preguntado por este extremo sin que, al cierre de esta edición, haya ofrecido respuesta.
El Gobierno también ha rehusado aclarar si Sánchez tenía conocimiento de una posible filtración policial que pudiera haber motivado la reunión clandestina. Fuentes jurídicas han recurrido la decisión del Ejecutivo al considerar que vulnera el derecho de acceso a la información, reconocido por el Tribunal Supremo como de rango constitucional.
Estas mismas fuentes advierten de que resulta más peligroso que un expresidente utilice sus privilegios institucionales para reunirse con presuntos delincuentes en espacios públicos protegidos. Subrayan que la condición de expresidente no autoriza el acceso libre a zonas restringidas y que la publicación de las autorizaciones no compromete ningún dispositivo de seguridad.
Todo ello vuelve a situar bajo el foco el rescate de Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros de dinero público a través del FASEE, gestionado por la SEPI. La jueza Esperanza Collazos ha reabierto una investigación, ahora en pieza secreta, tras una denuncia de Fiscalía Anticorrupción, que sostiene que el dinero pudo utilizarse para devolver préstamos dentro de una presunta trama criminal internacional.
La nueva investigación refuerza las conexiones entre Zapatero y la aerolínea, sobre las que ya planea la sospecha de presiones al Gobierno para conceder el rescate. Estas presiones no han sido desmentidas por el ministro Óscar Puente, mientras que el Senado ha aprobado citar a Zapatero en la comisión de investigación del caso PSOE, junto a responsables de Plus Ultra y altos cargos del Ejecutivo.
Paralelamente, Anticorrupción y la UDEF investigan los trabajos de consultoría prestados por Zapatero al empresario Julio Martínez, analizando cuánto cobró, a través de qué sociedades y si dichos ingresos fueron debidamente declarados a Hacienda. El expresidente ha reconocido haber cobrado, pero no ha detallado ni las cantidades ni los servicios prestados.
