El Congreso ha evidenciado su división ante el informe que revisa las funciones de órganos reguladores como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), la CNMV o la CNMC para reforzar su independencia y cuatro grupos parlamentarios -PP, Vox, Cs y PNV- se han posicionado en contra de un texto que, en su opinión, cuestiona la legitimidad de estas instituciones.

Después de debatirse 167 enmiendas a un texto base elaborado por el PSOE y Más País tras las comparecencias de los altos cargos de organismos reguladores, los partidos de la derecha y el socio de investidura del Gobierno, el PNV, han mostrado su oposición total y han registrado cuatro votos particulares.

No obstante, el texto, que previsiblemente será aprobado esta semana en la subcomisión parlamentaria -ya que cuenta con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y Más País, entre otros partidos- instará finalmente al Ejecutivo a que los mandatos de los altos cargos de los órganos reguladores sea de seis años o que la idoneidad del candidato sea aprobada por mayoría cualificada.

Asimismo, que en ningún caso puede salir adelante con el voto afirmativo de un único grupo parlamentario.

Los votos particulares, a los que ha tenido acceso EFE, critican que el texto deje entrever la injerencia del Gobierno y atribuya a estos organismos un carácter de excepcionalidad respecto al normal funcionamiento democrático de las instituciones "olvidando que no puede haber déficit democrático allí donde el legislador ha querido que existan", señala en este caso el voto particular del PP.

"El informe parte de una premisa de ilegitimidad, desconfianza y sospecha en la existencia y labor de las autoridades independientes que resulta inaceptable en forma y fondo", incide el voto en contra de Ciudadanos.

Mientras que el del PNV señala que "por momentos parece como si el documento se hubiera elaborado en los años noventa del siglo pasado cuando estuvieron vigentes objeciones constitucionales" a estas autoridades independientes.

PP, Vox y PP critican un texto "politizado por los partidos de izquierda" y coinciden en que no impulsa la independencia y transparencia sino que ve a las autoridades administrativas independientes como una fragmentación del poder público administrativo.

"Se mantiene la pretensión de interferencia en su independencia", afirman los populares, que consideran que el informe pone en duda el encaje constitucional de las autoridades independientes, plantea el establecimiento de límites, e incluso su mera existencia.

Todos los partidos que han registrado votos particulares coinciden en que en el informe hay una colisión ficticia de legitimidades entre Gobierno y administraciones públicas, cuando ambas son igualmente respetables.

"Esta propuesta abre la puerta a su efectivo desmantelamiento como autoridades independientes, a una creciente politización de su actividad y a su sometimiento a los intereses partidistas de quienes coyunturalmente se encuentren ostentando el poder", recalca la formación naranja.

Y es que mientras el PP no ve bien que se cree una comisión especial única de nombramientos en el Congreso para evaluar la idoneidad de sus dirigentes ya que cada órgano tiene sus especificidades, Ciudadanos señala que se debería fijar una mayoría de tres quintos para aprobarse el dictamen de idoneidad.

El PNV reprocha que el informe justifique que sea el Gobierno el que proponga al candidato, en vez de Consejos técnicos o de expertos, con el argumento de transferirles "su legitimación democrática como representante de la ciudadanía" y recuerdan los nacionalistas que "en una democracia representativa como la española esta recae en exclusiva en las Cortes Generales".

Tampoco comparten la propuesta de mandatos marco que proponen los socialistas para que el Congreso fije objetivos en las administraciones independientes cada seis meses o un año.

Desde Ciudadanos se señala que en la práctica supone permitir que la mayoría parlamentaria de turno –que en un sistema político como el español, equivale a decir el Gobierno– pueda someter la actuación de las autoridades independientes a su voluntad.

Por su parte VOX incide en que debería evitarse que "un excesivo control de la labor de estos organismos pueda privarles de su independencia y autonomía" y propone que sea un órgano específico e independiente, elegido por el Congreso, el que se encargue de la selección y nombramiento de estas entidades.

El informe apuesta por garantizar el criterio de igualdad de género tanto para promover como para seleccionar a los candidatos.

Asimismo, deja claro que militar en un partido político no es incompatible con el ejercicio de su responsabilidad, ya que lo contrario sería inconstitucional y aboga porque el candidato siga siendo propuesto por el Gobierno ya que PSOE y PP pactaron una enmienda para que no haya un concurso público, entre otras recomendaciones.

En materia presupuestaria, señala el texto que las autoridades independientes aceptarán el marco presupuestario fijado por el Parlamento en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. EFE

rdm/ltm

(Recursos de archivo en la fototeca.com. Códigos 12975250, 9418214 y otros)