El PP plantea restringir el Ingreso Mínimo Vital a residentes legales que coticen
Feijóo endurece su política migratoria y exige vínculos laborales y legales para acceder a las ayudas públicas
En un movimiento que anticipa un endurecimiento de su estrategia en materia migratoria y de prestaciones sociales, el Partido Popular, bajo la dirección de Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que propondrá restringir el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) a los inmigrantes que no hayan cotizado en España ni cuenten con residencia legal en vigor.
“El padrón no puede abrir la puerta a la subvención. Quien aporta, recibe; lo ilegal no genera derechos”, declaró Feijóo con rotundidad en el marco de las jornadas autonómicas del partido celebradas en Madrid.
La medida se enmarca en una batería de propuestas con las que el PP pretende recuperar el principio de reciprocidad contributiva, es decir, acceder a prestaciones solo tras haber cumplido con las obligaciones fiscales y laborales en territorio nacional.
Más de medio millón de beneficiarios sin historial laboral
Según datos oficiales de la Seguridad Social, en 2023 más de 552.000 extranjeros residentes en España percibieron ayudas sociales sin haber cotizado, cifra que se eleva a 617.000 si se incluyen aquellos con menos de 100 horas cotizadas. Estos números han sido utilizados por el equipo económico del PP para denunciar el “efecto llamada” que provocan las actuales políticas del Gobierno.
Desde el PP se sostiene que el actual diseño del IMV premia la mera residencia formal sobre la participación activa en el sistema productivo, generando una estructura que desincentiva el empleo y cronifica la dependencia del Estado.
La nueva propuesta del PP plantea una modificación legislativa que vincule el IMV al historial contributivo y a la regularidad administrativa del solicitante. Se busca así cerrar el acceso a quienes solo figuran empadronados sin haber cotizado ni disponer de una autorización de residencia válida.
“Las ayudas deben proteger a quien ha sembrado, no a quien llega a cosechar sin haber puesto un solo grano en tierra”, explicó un portavoz autorizado del partido.
Este planteamiento podría ser consensuado en el Parlamento durante el próximo periodo de sesiones, con el apoyo potencial de partidos como Vox o incluso Junts, ambos alineados en un discurso restrictivo respecto a la inmigración.
Preferencia por la inmigración “culturalmente afín”
Feijóo ha reiterado su posición de que España debe priorizar flujos migratorios “culturalmente próximos”, en especial los procedentes de Hispanoamérica, con quienes comparte idioma, religión y tradiciones jurídicas.
“La hispanidad no es una etiqueta, es una comunidad de destino”, señaló recientemente durante un acto en Palma, donde también reafirmó su compromiso con la expulsión inmediata de inmigrantes que cometan delitos graves, incluso si su situación administrativa es regular.
Una propuesta con amplio respaldo ciudadano
Según encuestas internas manejadas por el PP, el 70% de los ciudadanos considera necesario que los inmigrantes se integren plenamente en los valores y deberes nacionales, y el 60% apoya medidas más restrictivas en el acceso a prestaciones públicas.
Entre los votantes del PP, el apoyo roza el 80%, mientras que incluso un 35% del electorado socialista comparte estas posiciones.
Génova acusa al Gobierno de fomentar “dependencia estructural”
La dirección popular acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de haber “institucionalizado la dependencia del subsidio” a través de reformas legislativas como la ampliación del arraigo familiar y la creación del arraigo por estudios, vías que —según denuncian— se han convertido en mecanismos opacos de regularización masiva.
“Mientras el Gobierno legaliza la asistencia sin integración, nosotros defendemos una España de deberes compartidos, no de derechos automáticos”, advirtió Feijóo.
Hacia un nuevo contrato social
El Partido Popular articula así un nuevo contrato social basado en la contribución, la legalidad y la integración real. En este marco, el Ingreso Mínimo Vital se transforma de derecho universal en prestación condicionada al compromiso con la sociedad española.
La reforma, aún en fase de redacción, se perfila como una de las propuestas estrella del PP para el próximo ciclo electoral, y se presenta como una respuesta al creciente malestar de una parte de la población que percibe el sistema como injusto y desequilibrado.
