En una rueda de prensa celebrada el miércoles, Miguel Tellado, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, anunció una iniciativa trascendental: la presentación de una enmienda de totalidad acompañada de un texto alternativo a la actual ley de amnistía. Este proyecto, meticulosamente elaborado por el Partido Popular (PP), plantea modificaciones sustanciales en el marco legal español, específicamente en relación con las actividades independentistas y su repercusión en la unidad nacional.

La propuesta, que está programada para ser registrada en el Congreso en el transcurso de esta semana, destaca por su enfoque hacia la "disolución" de organizaciones que aboguen por referendos ilegales o declaren la independencia de cualquier parte del territorio nacional. Este punto, sin lugar a dudas, despierta cuestionamientos sobre la potencial ilegalización de partidos o entidades independentistas, un aspecto que el PP no ha aclarado de manera explícita.

Adicionalmente, la iniciativa del PP busca imponer sanciones a "autoridades, cargos o funcionarios públicos" que promuevan la inobservancia de las leyes o incumplan resoluciones judiciales. Este enfoque parece dirigirse hacia la preservación de la unidad de España, poniendo de manifiesto la preocupación del partido ante la posibilidad de desafíos a la legalidad constitucional.

La complejidad de la propuesta radica en su complemento: un texto alternativo que modifica el Código Penal y que se prevé discutir en el Pleno del Congreso en aproximadamente una semana. Según Miguel Tellado, el PP tiene la intención de tipificar como delito las "declaraciones de independencia" y aquellos actos vinculados a la violencia o las "consultas ilegales". Este enfoque legal busca abordar de manera integral cualquier intento de separatismo que amenace la estabilidad del país.

En cuanto a la relación con la Ley de Partidos Políticos de 2002, el PP ha aclarado que su propuesta no contempla modificarla. No obstante, se ha insinuado que la enmienda podría afectar a los partidos políticos como personas jurídicas, lo que plantea interrogantes sobre la posible aplicación de medidas como la disolución o la suspensión de actividades a formaciones políticas específicas.

Fuentes internas del PP han señalado que los partidos políticos son considerados personas jurídicas y que, junto con la disolución, el texto incluye la "suspensión de actividades" para aquellos que incurran en los delitos señalados. Este aspecto podría extenderse a organizaciones del ámbito independentista, incluyendo la Asamblea Nacional Catalana (ANC) u Òmnium Cultural, de acuerdo con la interpretación de la propuesta.

En el contexto de la rueda de prensa, Miguel Tellado subrayó que esta enmienda de totalidad, con su respectivo texto alternativo, representa un "punto de partida" para "rearmar al Estado". Se refiere a la necesidad de contrarrestar y revertir, desde su perspectiva, el daño ocasionado por los independentistas y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con sus acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez.

En este mismo sentido, la reforma del Código Penal que propone el PP busca establecer un "delito de deslealtad constitucional". Sin embargo, se advierte que los tipos incluidos en el texto que se debatirá la semana próxima son solo una parte de lo que el partido entiende como "delitos de deslealtad constitucional". Una ambiciosa medida que refleja la intención del PP de fortalecer la defensa del Estado frente a lo que perciben como amenazas derivadas de concesiones al independentismo.

En resumen, la propuesta del PP para reformar la ley de amnistía y sancionar delitos independentistas representa un hito significativo en el ámbito legislativo español. La complejidad y las implicaciones de la iniciativa plantean interrogantes y debates, tanto sobre la legalidad de las medidas propuestas como sobre su impacto potencial en el escenario político y social del país.