El PP lleva al Supremo los contratos sospechosos de la exnovia de Ábalos y el hermano de Koldo
El escándalo Ábalos sigue creciendo, y ahora es el Partido Popular, como acusación popular en el caso, quien mueve ficha. Los populares han solicitado formalmente al Tribunal Supremo que investigue a fondo los contratos públicos que beneficiaron a Jésica Rodríguez, expareja del exministro socialista, así como los viajes oficiales que compartió con él entre 2018 y 2021, cuando ostentaba la cartera de Transportes.
Las alarmas saltaron tras la declaración judicial de Jésica el pasado jueves, donde, sin rodeos, confesó que fue contratada por Ineco y Tragsatec sin pasar un proceso de selección competitivo, sin apenas experiencia y, lo más grave, sin llegar a trabajar. "No hice nada", reconoció ante el magistrado. Durante dos años cobró un sueldo público de 1.060 euros al mes, mientras su principal tarea consistía en esperar instrucciones que jamás llegaron. Todo ello bajo la cobertura del Ministerio que dirigía su entonces pareja sentimental.
El PP quiere ir más allá. Reclama que el Supremo investigue si existió publicación oficial de las vacantes ocupadas por Jésica Rodríguez y por Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo García, mano derecha de Ábalos. ¿Quién decidió esas contrataciones? ¿Qué perfiles optaron a esos puestos? ¿Quién realizó las entrevistas? Son solo algunas de las preguntas que los populares consideran "clave" para aclarar si estamos ante un montaje laboral a medida para premiar a los allegados del exministro con dinero público.
La petición también alcanza a los viajes ministeriales. El PP solicita que el Ministerio de Transportes detalle los desplazamientos, nacionales e internacionales, en los que Jésica Rodríguez fue la acompañante oficial de Ábalos. Además, exigen conocer los gastos derivados de dichos viajes, tanto los sufragados por el propio Ábalos como por su asesor Koldo García, también imputado en otras causas por corrupción. La clave para los populares es desvelar si se cargaron gastos personales a las cuentas públicas, disfrazados de actividad oficial.
El relato de Jésica ante el juez es tan gráfico como demoledor. "Creo que me llamaron por encargo del señor Ábalos, porque yo no había echado el CV en ningún sitio", declaró. En su versión, fue el propio exministro quien le aconsejó que buscara un empleo compatible con sus estudios, tras lo cual le envió su currículum por WhatsApp. A los pocos días, recibió una llamada que desembocó en una entrevista exprés: "Fue muy sencilla, solo para conocerme", admitió. Con un grado superior a medias y unos conocimientos básicos de Office, fue suficiente para entrar en la nómina pública.
En Ineco, su función oficial era auxiliar administrativa para Joseba García Izaguirre, aunque nunca llegó a recibir encargo alguno. La dinámica se repitió después en Tragsatec, donde también figuró como trabajadora sin desempeñar funciones concretas. Dos contratos, dos sueldos públicos, cero trabajo.
Con esta batería de peticiones al Supremo, el PP busca elevar el foco del caso Ábalos a un posible caso de corrupción estructural, donde los puestos públicos son utilizados como moneda de cambio dentro de una red clientelar que mezcla intereses personales, beneficios económicos y abusos de poder.
Mientras tanto, el Gobierno permanece en silencio. Ni Pedro Sánchez, ni los ministros de Transportes (Óscar Puente) y Agricultura (Luis Planas) –responsables políticos de las empresas públicas afectadas– han dado explicaciones claras sobre cómo fue posible que Jésica Rodríguez estuviera cobrando durante años sin trabajar. Tampoco hay noticias de auditorías internas en Ineco o Tragsatec, pese a la gravedad del caso y al volumen de fondos públicos involucrados.
La pelota está ahora en el tejado del Supremo. Si acepta la solicitud del PP, el 'caso Ábalos' podría escalar aún más, abriendo la puerta a imputaciones por malversación, prevaricación y tráfico de influencias, no solo para los implicados directos, sino también para quienes permitieron o encubrieron estas prácticas desde los altos despachos del poder.
Con cada nuevo dato que se destapa, crece la sensación de que la relación de Ábalos y Jésica no solo fue personal, sino altamente lucrativa, y financiada por todos los españoles. Y ahora toca responder: ¿Quién autorizó esta red clientelar? ¿Hasta dónde llega el hilo de responsabilidades? Y, sobre todo, ¿por qué nadie en Moncloa mueve un dedo para investigar?
