El PP exige explicaciones: «¿Por qué Sánchez prepara urnas si no hay elecciones?»
El Partido Popular ha pedido explicaciones al Gobierno tras vetar la proposición de Vox para reformar la LOREG, alegando un coste presupuestario “inexistente” que, según el PP, apunta a un posible adelanto electoral
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso una serie de preguntas escritas dirigidas al Gobierno, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en las que reclama explicaciones sobre el veto presupuestario que el Ejecutivo ha impuesto a una iniciativa de Vox para reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de un escrito firmado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, bloqueó la tramitación de la proposición de ley de Vox que planteaba instalar una doble urna —una para el voto por correo y otra para el voto presencial—, así como actas de escrutinio diferenciadas, alegando que la medida implicaría un incremento de los créditos presupuestarios en vigor.
Para el PP, este veto carece de justificación económica y podría esconder un indicio político: la preparación de unas elecciones anticipadas.
Un veto presupuestario sin elecciones previstas
En su escrito, fechado el 18 de septiembre, el Gobierno invoca el artículo 134.6 de la Constitución Española, que establece que «toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación».
Según el razonamiento del Ejecutivo, la aplicación de la reforma propuesta por Vox «duplicaría el gasto en urnas y actas de escrutinio», lo que se traduciría en un incremento estimado de 200.000 euros y, por tanto, en una alteración del presupuesto en vigor.
Sin embargo, el Partido Popular sostiene que esta justificación no se sostiene jurídicamente, ya que no está prevista la celebración de ningún proceso electoral en 2025, y el propio Gobierno ha reiterado públicamente que las próximas elecciones generales no se celebrarán hasta 2027.
«Si no hay elecciones previstas en 2025, el incremento de gasto no podría producirse este año ni afectar al presupuesto vigente», subrayan fuentes parlamentarias del PP.
Una doctrina constitucional contraria al argumento del Ejecutivo
Los populares citan además la Sentencia 135/2025 del Tribunal Constitucional, dictada el pasado 11 de junio, que «ratifica la doctrina consolidada según la cual la potestad gubernamental del artículo 134.6 se refiere siempre al presupuesto en vigor, en coherencia con el principio de anualidad presupuestaria».
En otras palabras, el veto presupuestario solo puede aplicarse si la medida afecta al presupuesto del ejercicio corriente, no a los objetivos plurianuales ni a previsiones futuras.
A pesar de ello, el Gobierno ha intentado en los últimos meses, según el PP, “reformular” la interpretación de ese precepto constitucional, introduciendo en sus escritos la idea de que el veto puede ampararse en los objetivos plurianuales de estabilidad presupuestaria. Pero en este caso, observan los populares, el Ejecutivo no incluyó dicha argumentación, lo que refuerza la sospecha de que el veto se justifica exclusivamente por el presupuesto actual, algo que solo tendría sentido si se estuvieran preparando elecciones adelantadas.
El precedente de los contratos electorales y la tesis del adelanto
La inquietud del PP se ve reforzada por otros movimientos recientes. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en las últimas semanas contratos para el suministro de papeletas y material electoral, algo que fuentes populares consideran «inexplicable» en un año en el que no figura en el calendario ningún proceso electoral autonómico, municipal o nacional.
«Si el Gobierno no prevé elecciones hasta 2027, ¿por qué está formalizando contratos de papeletas y materiales electorales en 2025?», se preguntan desde la dirección del grupo.
Los populares interpretan el veto a la propuesta de Vox como una maniobra que busca mantener la flexibilidad política y presupuestaria ante un eventual adelanto electoral, especialmente en un contexto de creciente presión judicial y política sobre el Ejecutivo, con causas abiertas que afectan a figuras como Begoña Gómez, Santos Cerdán o José Luis Ábalos.
El PP exige respuestas por escrito
En la batería de preguntas presentada, el Partido Popular solicita al Gobierno que aclare tres extremos fundamentales:
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Por qué considera el Ejecutivo que el incremento del gasto electoral tendría impacto en el presupuesto en vigor, cuando no existe convocatoria electoral prevista.
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Si el Gobierno está dando por hecho un adelanto de las elecciones generales en 2025.
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Si, como se ha afirmado en sede parlamentaria, los Presupuestos Generales del Estado prorrogados seguirán vigentes hasta 2027.
Para el grupo que lidera Miguel Tellado, la respuesta del Ejecutivo «es llamativa e incoherente». Si, como sostiene Moncloa, no habrá elecciones hasta 2027, no tendría sentido aplicar un veto presupuestario para una norma que solo tendría efectos en ese año.
«El Gobierno no puede usar la Constitución como escudo político ni reinterpretar su articulado para esconder su calendario electoral real», concluyen fuentes populares.
