El sindicato mayoritario de policías ha levantado la voz de alarma a través de las redes sociales, acusando al presidente Pedro Sánchez de llevar a cabo una infamia al amparar a los golpistas catalanes involucrados en el intento de un golpe de estado en 2017. La reciente propuesta de ley de amnistía del Gobierno ha generado controversia y preocupación en diversos sectores de la sociedad, pero para los agentes de seguridad, las implicaciones son particularmente inquietantes.

Según el sindicato, la ley de amnistía propuesta por Sánchez no solo representa un ataque al estado de derecho, sino que también constituye un despropósito jurídico. Los policías investigados por denuncias de separatistas catalanes quedarán en una situación de clara indefensión si esta ley se aprueba en su forma actual.

"Ellos, TODOS amnistiados, los Policías juzgados", reza el comunicado del sindicato. La preocupación principal radica en que, según la propuesta actual, aquellos que enfrentan acusaciones relacionadas con su actuación durante los eventos de 2017 quedarían excluidos de los beneficios de la amnistía, mientras que aquellos involucrados en el intento de secesión catalana recibirían un perdón legal.

Esta situación plantea interrogantes sobre la equidad y la justicia en el sistema legal español. Los agentes de seguridad se preguntan si están siendo abandonados por el sistema que debería protegerlos mientras se otorgan amnistías a quienes han sido acusados de acciones que amenazaron la integridad de la nación.

El sindicato mayoritario de policías ha instado a una revisión y modificación significativa de la propuesta de ley de amnistía para garantizar que se protejan los derechos e intereses de los agentes de seguridad que cumplieron con su deber durante los momentos críticos de la crisis catalana. La controversia en torno a esta ley continúa creciendo y plantea desafíos significativos para el sistema legal y la democracia en España.