El Sindicato Unificado de Policía (SUP), Sindicato mayoritario de la Policía Nacional con 4 consejeros en el Consejo de Policía, insta a las autoridades competentes a poner la atención en una crisis migratoria sin precedentes que está teniendo lugar en la isla de El Hierro, y que se extiende sobre el resto de las Islas Canarias.

En los primeros siete meses de 2023, alrededor de 750 inmigrantes llegaron a la isla herreña, cifra que, en primera instancia, no representó un problema para una población permanente de 11,000 habitantes. Sin embargo, en apenas dos meses, la situación ha dado un giro dramático con la llegada de 3,000 inmigrantes, equivalente al 27% de la población local. Esta avalancha ha desbordado los recursos de acogida y ha expuesto la falta de medios y personal policial en todas las islas.

Desde el SUP ya advertimos que la isla de El Hierro apenas cuenta con efectivos policiales, al ser esta una isla donde solo dispone de efectivos de Guardia Civil, si bien, la Benemérita no tiene atribuida entre sus competencias el control de Extranjería y Fronteras, esto es, el control fronterizo de personas así como de su situación administrativa en España.

Como resultado, el Ministerio del Interior tuvo que desplegar a la Policía Nacional de forma permanente en la isla a mediados de septiembre. Actualmente, una decena de agentes de Policía Nacional, procedentes de la Comisaría Provincial de Tenerife, están desplegados a diario en El Hierro para ejercer las competencias de fronteras y extranjería. Esta situación excepcional ha sobrepasado completamente la capacidad de respuesta de la isla.

Además, el SUP reclama refuerzos de la Comisaría General de Policía Científica (CGPC) y la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEyF) para hacer frente a esta crisis sin afectar a otras unidades locales y provinciales. La redistribución de recursos ha dejado a otras áreas en comisarías de la isla sin personal adecuado para cumplir sus funciones.

Este sindicato destaca además, la necesidad urgente de que el Ministerio del Interior proporcione más medios y personal ante la oleada de inmigrantes, y especialmente para contrarrestar las sofisticadas tácticas utilizadas por las organizaciones criminales  en el origen de estas salidas, ya que estos cuentan con medios tecnológicos avanzados.

En este contexto, es crucial mencionar que la reubicación de efectivos de seguridad ciudadana desde Arrecife (Lanzarote) hacia el CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL DE EXTRANJEROS (CATE) situado en dicha localidad, detrae personal de realizar sus funciones para fortalecer las custodias en estos centros temporales, detracción que repercute en el ciudadano de Lanzarote y resto de islas, el cual dispone de menos personal policial para atender sus demandas en la realización de las labores ordinarias policiales.

Esto a su vez provoca una reacción en cascada de pérdida de personal humano así como un estrés adicional en otras unidades de las islas, tales como unidades de Las Palmas, que ahora debe hacer frente a las demandas de Arrecife (Lanzarote), Puerto del Rosario (Fuerteventura) y los migrantes que llegan a Arguineguín (Las Palmas). Ello implica, a mayor abundamiento, la necesidad apremiante de un refuerzo significativo de personal y recursos en todas las unidades de las Islas Canarias, incluido un retén permanente de Unidades de Intervención Policial (UIP) en Arrecife y el Hierro, con el objeto de evitar que la Guardia Civil no reste efectivos de sus zonas con esta presión migratoria para dar seguridad en competencias que son propias de la Policía Nacional. Estas Unidades de UIP prestarían seguridad a los policías que realizan las labores de identificación así como al resto de competencias de extranjería atribuidas a la Policía Nacional.

Por otro lado, es imperativo que por parte de la DGP se publique una convocatoria de plazas en Atribución Temporal de Funciones para dar apoyo, así como el despliegue de la Brigada de Respuesta contra la Inmigración clandestina (BRIC).

El Sindicato Unificado de Policía urge a la Dirección General de la Policía a tomar medidas inmediatas para abordar esta crisis migratoria, garantizar la seguridad de los ciudadanos y proporcionar una respuesta adecuada en virtud de las competencias de la ley de extranjería y Fronteras, competencias que la Policía Nacional ostenta de forma exclusiva. Es crucial que se tomen acciones concretas para resolver esta emergencia en todo el archipiélago.