El Poder Judicial se planta: concentración frente al Supremo contra la “ley Bolaños”
Bajo el lema «Por la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho», cinco de las principales asociaciones profesionales de jueces y fiscales han convocado una concentración institucional sin precedentes para este sábado, a las 12:30 horas, frente a la sede del Tribunal Supremo en Madrid. La protesta tiene como objetivo denunciar la ofensiva legislativa del Gobierno que, a través de la conocida como “ley Bolaños”, amenaza con socavar la independencia judicial y alterar el equilibrio entre poderes que consagra la Constitución.
Unidad de acción frente a la injerencia política
La convocatoria ha sido suscrita de forma conjunta por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). A ellas se han sumado numerosas entidades del ámbito jurídico y funcionarial, incluyendo a los Inspectores de Hacienda, Letrados de la Seguridad Social, Interventores y Auditores del Estado, Notarios, Letrados de la Administración de Justicia, y asociaciones de la Guardia Civil como Jucil, así como la plataforma ‘Las mil y una togas’, que agrupa a más de 2.000 jueces y fiscales no asociados.
Todos ellos denuncian que la llamada ley Bolaños, nombre que recibe el paquete legislativo impulsado por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pretende eliminar las oposiciones tradicionales para el acceso a las carreras judicial y fiscal, sustituyéndolas por un sistema más discrecional y susceptible de influencia política.
El fin del mérito y la amenaza al Estado de derecho
Los convocantes advierten de que la reforma proyectada «rebaja la exigencia de conocimientos técnicos», elimina pruebas fundamentales y abre la puerta a procesos selectivos sin las garantías de mérito, capacidad e igualdad que impone el artículo 103 de la Constitución. Una transformación que, en palabras de las asociaciones, “coloniza la Magistratura desde la base”.
Además, alertan del peligro que supone reforzar el poder del fiscal general del Estado, cargo actualmente ocupado por Álvaro García Ortiz, quien se encuentra procesado por revelación de secretos en el caso del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El anteproyecto de ley propone trasladar la instrucción penal a fiscales nombrados por el Gobierno, lo que, según los convocantes, incrementaría el riesgo de injerencias políticas, especialmente en las causas que afectan al Ejecutivo y al PSOE, en plena crisis por presuntos casos de corrupción.
El Supremo, símbolo institucional
La elección del lugar no es casual. La concentración se celebrará ante el Tribunal Supremo, sede simbólica de la Justicia en España y lugar donde culminan los años de esfuerzo de los aspirantes a la carrera judicial. Para los convocantes, se trata de un «emplazamiento profundamente simbólico» desde el cual defender la imparcialidad, la excelencia y la autonomía del Poder Judicial.
Advertencia de huelga: el paso previo
Esta protesta representa el paso previo a una huelga nacional de jueces y fiscales, que ya fue advertida en el paro parcial del pasado 11 de junio. Entonces, las asociaciones comunicaron que, de mantenerse el Gobierno en sus planes, irían a la huelga indefinida, como forma de resistencia frente a lo que consideran un intento de someter el poder judicial a intereses políticos.
El contexto no es neutro. Diversas figuras judiciales, como los jueces Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma, que instruyen las causas contra la esposa y el hermano del presidente Sánchez, han sido blanco de ataques desde el ámbito político, reforzando entre la judicatura la percepción de una campaña de hostigamiento institucional.
Una convocatoria cívica e institucional
La manifestación, subrayan sus organizadores, se enmarca en un contexto estrictamente institucional y profesional, al margen de intereses partidistas, y está abierta a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía comprometida con una Justicia independiente. Tras la concentración, se procederá a la lectura de un manifiesto conjunto que recogerá las principales reivindicaciones del colectivo judicial y fiscal ante lo que ya muchos califican como una amenaza directa a la separación de poderes.
