El plan de Sánchez para renovar la flota antiincendios, en el limbo por errores de planificación

La campaña de incendios de este verano, marcada por la falta de medios aéreos, ha vuelto a poner en evidencia los problemas de planificación del Ejecutivo. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha visto obligado a pedir apoyo a la Unión Europea para reforzar su flota y cubrir la ausencia de parte de los aviones cisterna. A la parálisis de los helicópteros Kamov, fuera de servicio por las sanciones a Rusia, se suma la pérdida de un 20% de la flota de aviones contra incendios por antigüedad. Pero el golpe más duro lo ha supuesto la paralización del plan de modernización de los veteranos Canadair CL-215T, los conocidos “botijos”, que debería haber permitido rejuvenecer la flota en 2026, según publica The Objective.

Un contrato fallido desde el origen

En 2022, el Gobierno lanzó un programa para actualizar diez de los catorce CL-215T que aún quedaban en servicio. El contrato, por un valor de más de 22 millones de euros, se adjudicó a la empresa Gestair, encargada también del mantenimiento de los Falcon de Presidencia. La modernización, con un plazo de ejecución de 26 meses, debía centrarse en renovar los sistemas de aviónica: paneles digitales de mando, navegación y seguridad, además de la mejora de otros sistemas críticos de la aeronave.

La memoria justificativa del contrato subrayaba que la actualización era “imperativa”, ya que el estado de la flota estaba generando largas inoperatividades y elevados costes de mantenimiento. El objetivo era tener diez aparatos plenamente modernizados en el verano de 2026.

Sin embargo, apenas unos meses después de la adjudicación surgió un obstáculo insalvable. El fabricante de las aeronaves, Havilland Aircraft of Canada (DHC), advirtió que cualquier modificación debía contar con su autorización expresa, dado que la manipulación de la documentación técnica sin permiso vulneraba los derechos de propiedad intelectual. Gestair no disponía de esos permisos, un detalle que no se tuvo en cuenta durante el proceso de adjudicación.

Consecuencias: plazos indefinidos y fondos europeos en riesgo

La situación estalló en una reunión celebrada en octubre de 2022 entre el Ministerio de Transición Ecológica, el Ejército del Aire y la UTE Gestair-Sirium. Allí se confirmó la imposibilidad de continuar con el plan de modernización. El Gobierno optó por ampliar el contrato sine die, dejando sin fecha la entrega de los trabajos.

El problema afectó también a los fondos europeos con los que se financiaba la operación. España se vio obligada a modificar la hoja de ruta y eliminar el objetivo que comprometía tener los aviones listos en 2026, lo que pone en entredicho la eficacia de la planificación inicial.

Una flota envejecida y cada vez más reducida

La paralización del programa coincide con una flota cada vez más limitada. En 2023, el Gobierno retiró y subastó cuatro de los dieciocho aviones cisterna CL-215T y CL-415 que operaba el Ejército del Aire, lo que supuso perder un 20% de los medios aéreos estatales contra incendios. En la práctica, el dispositivo actual cuenta con 42 aeronaves, cinco menos que en campañas anteriores, según datos oficiales del propio Ejecutivo.

El plan vigente contempla que durante la campaña de verano solo estén operativos once aviones, mientras que fuera de ese periodo se mantendrán como mínimo dos, con la opción de reforzar puntualmente hasta cinco. Una cifra insuficiente si se compara con la década anterior y con el escenario de incendios cada vez más graves ligados al cambio climático.

Un problema que amenaza con cronificarse

La falta de modernización de los Canadair y la ausencia de helicópteros Kamov se producen en un contexto de alta siniestralidad forestal. En lo que va de 2025, los incendios han arrasado cerca de 350.000 hectáreas, cifras que confirman la creciente vulnerabilidad del país.

El Gobierno, en sus propios informes, ha admitido que no disponer de estos aviones modernizados supone “una disminución relevante en las capacidades de apoyo a la extinción de incendios a nivel nacional y europeo”. Además, España deja de estar en condiciones de prestar ayuda a otros países de la UE en caso de necesidad, algo que sí había ocurrido en campañas anteriores.

En septiembre de 2024, el Partido Popular preguntó al Ejecutivo en el Congreso por el estado del plan de modernización. La respuesta del Gobierno fue que se trataba de un proceso “complejo”, que implica el desarrollo y certificación de nuevas soluciones tecnológicas y que obliga a inhabilitar las aeronaves durante largos periodos. Por ello, defendía que el proceso debía hacerse de forma gradual. Sin embargo, a día de hoy, no se ha concretado ninguna nueva fecha.