El plan de la 'fontanera' del PSOE: desactivar la UCO y limpiar los cuerpos policiales
La exmilitante socialista elaboró una lista de mandos de la Guardia Civil a los que se quería apartar, incluido el DAO
La exmilitante socialista Leire Díez, conocida como la “fontanera del PSOE”, llegó a plantear una estrategia de enfrentamiento entre la Policía Nacional y la Guardia Civil con el objetivo de desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) y desactivar varias investigaciones judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez.
Según la información a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Díez confesó al comandante Rubén Villalba —imputado por trabajar presuntamente para el empresario Víctor de Aldama, uno de los implicados en el caso Koldo— que su equipo planeaba actuar “como un elefante en una cacharrería” dentro del Instituto Armado. El propósito: “ir contra toda la Guardia Civil” y utilizar a la Policía Nacional como ariete para provocar una “limpieza” interna.
“Los de arriba del Gobierno necesitan pruebas objetivas para poder atacar a la UCO y al generalato”, llegó a asegurar Díez, según las notas que Villalba entregó a sus superiores del Servicio de Información.
El plan: lanzar a la Policía contra la Guardia Civil
Las conversaciones, fechadas el 10 de marzo de 2025, revelan que Díez manejaba una lista de mandos de la Guardia Civil a los que se debía “neutralizar”, entre ellos el teniente coronel Antonio Balas, responsable de la investigación económica del caso Koldo, considerado su “principal objetivo”.
En el intercambio con Villalba, la exmilitante le propuso unirse al equipo como infiltrado dentro de la Guardia Civil para coordinar la operación. Le ofreció tres alternativas:
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Colaborar con la Fiscalía para describir las “dinámicas internas” de la Guardia Civil.
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Ser “la mano derecha” de la directora general del Cuerpo.
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Usar al Cuerpo Nacional de Policía para “destapar todo lo que la UCO y la Guardia Civil no están sacando en las causas judiciales”.
Villalba, según las anotaciones, aseguró que Díez apostaba por esta tercera vía.
La lista de mandos a “neutralizar”
Además de Balas, la lista elaborada por Díez incluía a mandos históricos de la UCO y la Jefatura de Información, como los coroneles Rafael Yuste e Ismael Abad, el comandante Redondo, el teniente coronel Bonilla, y el exjefe de la UCO Manuel Corbí.
Incluso se mencionaba al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, de quien, según Díez, “ya no se fían en el Gobierno”.
“Si Balas está muerto, mejor”, llegó a afirmar Díez en una videollamada con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado por fraude. Posteriormente matizó que se refería a una “muerte civil”, no física, y añadió: “No quiero que este señor se convierta en nuestro verdugo”.
“Orden de limpiar sin límite”
Las maniobras de Díez y sus colaboradores se vinculan directamente con una instrucción de Pedro Sánchez tras la imputación judicial de su esposa, Begoña Gómez, en abril de 2024.
Así lo sostiene el fiscal Ignacio Stampa, que presentó una denuncia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Según su versión, Díez se presentó ante él como “la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto”, en alusión a las investigaciones policiales y fiscales abiertas contra el partido.
“A mi pregunta inmediata sobre quién era ella, contestó que era un encuentro confidencial y que ella era la persona designada por el PSOE para fiscalizar las irregularidades de los informes policiales”, recoge la denuncia de Stampa.
El fiscal añadió que Sánchez habría dado la orden de “limpiar sin límite” dentro de los cuerpos policiales tras la imputación de su mujer.
Una ofensiva para “mover los cimientos”
Los informes entregados por el comandante Villalba al Servicio de Información describen a Díez como una intermediaria con contactos en el PSOE y en la Fiscalía, que buscaba crear un conflicto interno en las Fuerzas de Seguridad para desacreditar a los investigadores del caso Koldo y de otras causas judiciales sensibles para el Gobierno.
El plan contemplaba que la Policía Nacional iniciara pesquisas contra mandos de la Guardia Civil, algo que hasta entonces, según ella, “la judicatura no había permitido”.
“Van a forzar que salga todo aquello que no está saliendo”, afirmó.
Sin embargo, la operación fue frenada por la propia Díez, que pidió ser “selectiva” y centrarse sólo en “los elementos subversivos”, en referencia a los mandos de la Guardia Civil incluidos en su lista.
Investigación judicial abierta
El juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, investiga ya las actividades de Leire Díez, del empresario Javier Pérez Dolset y del periodista Pere Rusiñol, acusados de cohecho y tráfico de influencias, a raíz de una querella de Hazte Oír.
Por su parte, el Partido Popular ha solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de otros altos cargos del Ministerio para explicar las supuestas gestiones y contactos de Díez con mandos policiales y judiciales.
Fuentes próximas a la investigación confirman que el caso “tiene derivadas políticas directas” y que las pruebas documentales “apuntan a un intento deliberado de manipular las estructuras de control policial y judicial”.
