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Penas de cárcel por mostrar su opinión delante las clínicas abortivas: ¿Atenta contra la libertad de expresión?

El Congreso ha dado este jueves un importante paso en materia de libertades para las mujeres que quieren ejercer su derecho
Varias personas cuelgan una pancarta contra el aborto con motivo de la reunión del presidente del Gobierno con el presidente de la Conferencia Episcopal Española. — A. Pérez Meca / EUROPA PRESS
Varias personas cuelgan una pancarta contra el aborto con motivo de la reunión del presidente del Gobierno con el presidente de la Conferencia Episcopal Española. — A. Pérez Meca / EUROPA PRESS
Penas de cárcel por mostrar su opinión delante las clínicas abortivas: ¿Atenta contra la libertad de expresión?

El Pleno del Congreso ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción de PP y Vox, que han votado en contra, la ley orgánica que reforma el Código Penal para castigar con penas de cárcel el acoso a mujeres que acuden a clínicas abortivas.

Con este texto, impulsado por el PSOE, todos aquellos "actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos" que "menoscaben la libertad de las mujeres", serán castigados con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o bien con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, y establece que el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares durante un periodo de 6 meses a 3 años.

Además, el dictamen de la Comisión de Justicia aprobado incorpora dos cambios introducidos fruto de una transaccional entre el PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Cs para que el acoso que se ejerza a los trabajadores y profesionales de las propias clínicas también sea objeto de pena, y para que no sea necesaria la denuncia para la persecución de los hechos.

No ha sido incluida, sin embargo, una enmienda de los nacionalistas vascos que, tal y como ha explicado su portavoz en este debate, Mikel Legarda, reclamaba la garantía de una zona de seguridad en torno a las clínicas de 150 metros con el objetivo de que quedara "garantizada" la "intimidad", "libertad" y "seguridad" de las mujeres, así como su libre circulación y la de los profesionales médicos.

El rechazo a esta medida no ha variado la posición del PNV ante esta iniciativa. Legarda se ha dirigido a quienes cuestionan esta medida por limitar la libertad de expresión y manifestación, y ha asegurado que "una cosa" es usar esas libertades para "expresar el rechazo" a una regulación y otra "intimidar", "hostigar", "coaccionar" y "señalar" a "personas particulares concretas" que quieren ejercer "sus derechos reconocidos" y "limitando su capacidad de obrar".

PP Y VOX "EN EL BANDO INCORRECTO"

La portavoz del PSOE en materia de Igualdad, Laura Berja, ha celebrado el apoyo a este texto impulsado por su partido y ha lamentado que PP y Vox hayan "elegido el bando incorrecto": "el de los acosadores". Para la diputada, PP y Vox están "señalando" a las mujeres del país que han abortado, en lugar de "respetar su decisión".

De forma similar se ha expresado la portavoz de Unidas Podemos en este debate, Martina Velarde. La diputada morada ha lamentado que mujeres que "han pensado mucho" esta decisión "dura", tengan que "encontrarse hordas de integristas" a las puertas de las clínicas. "No se me ocurre algo más contrario a libertad religiosa que usar el rezo para estrechar la libertad de otras personas", ha declarado, antes de añadir que "el rezo no es libertad de expresión" si tiene como fin "el coaccionar y acosar".

También la portavoz de Igualdad de ERC en el Congreso, Pilar Vallugera, se ha dirigido a PP y Vox para recriminarles que pongan en cuestión la libertad cuando no están de acuerdo con el tema del que se debate. Según Vallugera, los 'populares' y los de Abascal creen que tienen derecho a rezar "en las narices de una mujer que va a abortar" porque a ellos les "da la gana" y porque anteponen su derecho al del resto de personas porque es el suyo. "No tienen iglesias ni espacios suficientes para rezar que lo tienen que hacer a las puertas de las clínicas", ha ironizado.

Por su parte, la representante de Ciudadanos en esta materia, Sara Giménez, ha alertado de los discursos que quieren "hacer retroceder" a la sociedad, sobre todo en lo que tiene que ver con el ejercicio de los derechos de las mujeres"; mientras que su homóloga de Junts, Pilar Calvo, ha celebrado la "amplia mayoría" que ha apoyado esta iniciativa. En este sentido, ha mandado "a otra parte" a aquellos que dicen realizar "labores de información y apoyo" en las clínicas.

Del mismo modo, la diputada de EH Bildi Bel Pozueta, ha acusado a "derechas" y "extremas derechas" de estar "continuamente mintiendo" en temas que preocupan a la ciudadanía y que, a su juicio, acaban generando "inquietud" e "inseguridad" y que, además, con su "uso político" acaban, a su juicio, aumentando las "actitudes de odio".

UN GOBIERNO "SECTARIO"

Por el contrario, el PP ha advertido del "sectarismo" del Gobierno de Sánchez. Su portavoz en este debate, Teresa Angulo, ha mostrado su "preocupación" por la "degeneración" y el "achicamiento del espacio de libertad" que existe desde que está en la Moncloa el actual Ejecutivo.

Para los 'populares' esta es una norma de "claro sesgo ideológico" que "no es un problema real" de los ciudadanos, y que limita la "libertad de expresión". Además, ha advertido Angulo, el acoso "ya está penalizado" y, a su juicio, en estas concentraciones ante las clínicas "nadie ha impedido hacer a nadie lo que ha querido".

Mientras, para Vox, está pasando "algo muy grave en este país" cuando se quiere penalizar una "conducta pacífica" como la del "movimiento provida" que, según ha explicado la diputada Lourdes Méndez, "ayuda", "informa", "reza" y "consuela" ante las clínicas abortivas, que ha calificado como "centros de exterminio".

Méndez ha denunciado que esta ley "atenta contra las libertades para eliminar al disidente" y se condena a personas que "de manera pacífica" protestan ante "una ley injusta" como es la del aborto. En su opinión, lo que sí es un delito es la "inducción al aborto" que se produce cuando a las mujeres que acuden a la seguridad social con dudas sobre su embarazo "la única opción" que les dan es el aborto. "Recurriremos al Tribunal Constitucional", ha apuntado Méndez.

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