Pedro Sánchez, pieza "fundamental" en la investigación que lleva a Begoña al banquillo
La pieza principal del caso será enjuiciada por un jurado popular, que deberá valorar cinco delitos imputados a la esposa del presidente
El caso Begoña Gómez avanza con nuevas implicaciones políticas y judiciales. Por primera vez desde que se abriera la causa en abril de 2024, el juez Juan Carlos Peinado ha situado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el centro de la investigación. Según un auto judicial recogido por El Debate y Vozpópuli, la relación de parentesco entre el jefe del Ejecutivo y su mujer es el elemento “fundamental” para apreciar la posible existencia del delito de tráfico de influencias, uno de los cinco que pesan sobre Gómez.
El magistrado recuerda la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, en concreto la sentencia 554/2023, que establece que basta con que la persona que influye tenga la capacidad real de mover a un funcionario para dictar una resolución determinada, sin que sea necesario que esa resolución se materialice. En el caso que instruye, el juez entiende que sin el vínculo matrimonial con Sánchez habría sido “muy difícil” que Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés y la asesora de Moncloa Cristina Álvarez hubieran podido poner en práctica las conductas que se investigan.
Tráfico de influencias: basta la intención
La clave, como subraya El Debate, está en que el delito de tráfico de influencias no requiere consumación plena. Es decir, no es necesario que exista una resolución final ni un beneficio económico directo: basta con la intencionalidad y con la existencia de una relación personal que permita el acceso a las instancias de poder. En este caso, el matrimonio con el presidente del Gobierno se convierte en la llave de acceso que, según el juez, facilitó a Gómez y a su entorno operar en beneficio propio.
No obstante, el auto también reconoce que, en este caso, sí existieron beneficios económicos: los contratos adjudicados a la empresa de Barrabés a través de Red.es por más de 8 millones de euros, apoyados mediante cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez como codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la UCM.
Un jurado popular decidirá
De acuerdo con lo previsto en la Ley del Tribunal del Jurado, el delito de tráfico de influencias debe ser juzgado por un tribunal de ciudadanos. Esto arrastra al resto de los ilícitos imputados: malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.
Tal y como detalla Vozpópuli, el juez Peinado ha decidido que la pieza principal del caso se dirima ante un jurado popular en caso de llegar a juicio. Nueve ciudadanos legos en Derecho deberán pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia de la esposa del presidente del Gobierno y de los demás investigados.
Antecedentes: la declaración de Sánchez en Moncloa
No es la primera vez que el magistrado involucra al presidente en la causa. El 30 de julio de 2024, Peinado acudió personalmente a La Moncloa para tomar declaración a Sánchez como testigo. El presidente se acogió a su derecho a no declarar amparándose en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al tratarse de un procedimiento que afectaba directamente a su esposa.
Aquella comparecencia fue inédita en democracia: un presidente en ejercicio testificando en su residencia oficial ante un juez instructor. Según El Debate, el propio Sánchez se limitó a confirmar su relación con Gómez y a declinar responder al resto de preguntas.
La base de la investigación
La denuncia inicial partió de Manos Limpias, que acusó a Begoña Gómez de utilizar su condición de esposa del presidente para recomendar y favorecer a empresarios próximos, como Juan Carlos Barrabés, en licitaciones públicas. La investigación se amplió después con la creación de una cátedra en la Universidad Complutense, que habría servido de cobertura para desarrollar negocios privados y para registrar a nombre de Gómez un software financiado por multinacionales.
Además, correos electrónicos analizados por la UCO revelaron que la asesora Cristina Álvarez gestionó patrocinios clave de esa cátedra, cobrando un salario público mientras realizaba labores en beneficio de Gómez.
