El Gobierno recurre al dictamen del Supremo para evitar acoger a menores migrantes
En una decisión que despierta perplejidad jurídica y moral, el Gobierno de España ha optado por recurrir el auto del Tribunal Supremo que le insta a hacerse cargo de más de mil menores inmigrantes no acompañados —los llamados menas— actualmente bajo tutela del sistema de protección de Canarias. Lo hace, como ha informado THE OBJECTIVE, alegando que la competencia corresponde exclusivamente a la comunidad autónoma, incluso cuando los menores han solicitado protección internacional.
Aquí no se trata de una simple disputa competencial. Lo que se plantea es una cuestión de Estado: ¿quién debe responder ante una emergencia humanitaria cuando los derechos fundamentales de menores están en juego? Y aún más, ¿qué papel juega el principio de solidaridad territorial cuando los recursos autonómicos están claramente desbordados?
El Tribunal Supremo, en un auto del 26 de marzo, fue categórico: la situación de estos menores es “insostenible” y su acceso al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, gestionado por el Gobierno central, no solo es legítimo, sino un derecho pleno. En otras palabras, el Estado no está ofreciendo lo que por ley debe a estos menores que, además, han activado el protocolo de asilo.
Y sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez, en lugar de asumir el mandato del tribunal con la responsabilidad que exige la materia —la protección de menores en situación de extrema vulnerabilidad—, ha elevado un recurso que denota una prioridad por el tecnicismo sobre el deber ético. La Abogacía del Estado, como ha confirmado El País y recoge Europa Press, sostiene que la tutela autonómica prevalece, incluso en caso de asilo.
Este razonamiento reduce una crisis humanitaria a un enredo administrativo, ignorando que en el corazón del conflicto no está una norma sino un niño, no un reglamento sino un ser humano vulnerable, sin familia, sin país, sin refugio.
El recurso interpela a la opinión pública de forma incómoda: ¿es esta la imagen de un Gobierno que se autodefine como progresista, feminista, social y garante de los derechos humanos?
Y no es la primera vez que el Ejecutivo prefiere el repliegue legalista al liderazgo político. Como informó también THE OBJECTIVE, el Supremo fue claro: “Estos menores no pueden permanecer al margen del sistema nacional de acogida”. Ignorar esta sentencia no es solo una cuestión de legalidad, sino de legitimidad democrática.
En un país que, en nombre de la equidad, tramita decretos para redistribuir menores por comunidades y endurece el tono contra gobiernos regionales que rechazan cuotas, resulta desconcertante que la propia Moncloa se resista a cumplir sus obligaciones más elementales.
Y más desconcertante aún cuando este mismo Gobierno ha suscrito compromisos internacionales en materia de infancia, asilo y derechos humanos, que reconocen el interés superior del menor como principio rector de toda actuación.
España se encuentra en una encrucijada moral. No es una cuestión de ideología, ni siquiera de partidos. Es una cuestión de coherencia entre el discurso y la acción. Cuando el Estado renuncia a su deber hacia los más vulnerables, pierde una parte de su alma institucional.
