De palacio diplomático a chalé familiar: la polémica 'okupación' de La Mareta por Sánchez

La crisis de los incendios, la debilidad parlamentaria, los frentes judiciales y las contradicciones climáticas no solo retratan a un Gobierno fatigado, sino a un presidente cada vez más encerrado en su palacio vacacional mientras el país se consume bajo el humo
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. / EP
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. / EP

Mientras España atraviesa una grave emergencia climática, con miles de hectáreas devastadas por incendios forestales y un gobierno que clama por un gran “Pacto de Estado por la Emergencia Climática”, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, permanece en la Residencia Real de La Mareta, acompañado por su familia al completo, en un uso de bienes públicos que, aunque no declarado ilegal, sí resulta altamente controvertido por su naturaleza, su contexto y su evidente contradicción con los fines para los que fue destinada esta propiedad.

Una residencia con propósito institucional

La Mareta, situada en Lanzarote, fue construida en los años 70 por orden del rey Hussein de Jordania, aunque fue donada a Juan Carlos I en 1989. En diciembre de 2015, mediante un convenio firmado entre el Ministerio de Industria y Patrimonio Nacional, la finca quedó vinculada a fines oficiales: según consta en el acuerdo, debía destinarse “al servicio de los intereses turísticos de España”, por expreso deseo del Rey Felipe VI.

Este uso tenía un objetivo claro: promover las relaciones bilaterales e impulsar el turismo de alto nivel, convirtiendo el enclave en un instrumento diplomático. El texto del convenio especificaba que cualquier utilización debía estar relacionada con actos institucionales, encuentros con organismos internacionales, o acciones de promoción turística y estratégica para el país. Además, la Secretaría de Estado de Turismo estaba obligada a compensar económicamente a Patrimonio Nacional por cada jornada de ocupación.

Vacaciones privadas en un palacio de Estado

Pese a ello, desde su llegada a la presidencia del Gobierno en 2018, Pedro Sánchez ha utilizado la residencia para sus vacaciones personales, año tras año. En 2025, la ocupación se ha ampliado más que nunca. Según revelaciones del medio Okdiario, el presidente se encuentra acompañado de su esposa, Begoña Gómez, sus hijas, sus padres (Magdalena Pérez-Castejón y Pedro Sánchez padre), así como su cuñado, Miguel Ángel Gómez, y su esposa, Fayette Proper.

No se ha informado de ningún acto oficial, visita de delegación extranjera, reunión con responsables turísticos ni comparecencia institucional desde La Mareta durante este período. Por el contrario, se ha registrado una total ausencia pública del presidente durante los días más críticos de la oleada de incendios, que han dejado cuatro fallecidos, decenas de municipios evacuados y han provocado un profundo malestar en gobiernos autonómicos y alcaldes que han denunciado falta de coordinación estatal.

Uso privativo, silencio oficial

Ni el Ministerio de la Presidencia, ni Patrimonio Nacional, ni la Secretaría de Estado de Turismo han ofrecido aclaraciones sobre si este uso familiar se enmarca o no en el convenio vigente. Tampoco se ha informado si los costes de mantenimiento, suministro, limpieza y seguridad derivados de esta ocupación han sido facturados y abonados conforme a lo estipulado.

La imagen de la familia presidencial disfrutando de una playa privada —documentada por medios como Okdiario— ha avivado la percepción de distanciamiento del poder respecto a la emergencia nacional. El contraste con la declaración pública de Sánchez, quien ha pedido unidad, empatía y sacrificios por el bien del planeta, ha generado críticas no solo en la oposición, sino entre algunos socios parlamentarios del Ejecutivo, que consideran la escena incompatible con la retórica presidencial sobre la crisis climática y social.

El precedente y el simbolismo institucional

La polémica se agrava por el carácter simbólico de La Mareta. No se trata de una residencia vacacional cualquiera, sino de un bien del Estado cedido por la Corona para fines institucionales. El uso privativo del complejo por parte del presidente y su círculo íntimo diluye el valor protocolario y diplomático del lugar, abriendo el debate sobre los límites entre la vida privada de los gobernantes y el uso del patrimonio público.

Mientras otros jefes de Estado o primeros ministros europeos se alojan en residencias propias o asumen estancias privadas con cargo personal, en España La Mareta se ha transformado, de facto, en el chalé de verano de la familia Sánchez. La opacidad sobre los costes reales de esta ocupación, y la falta de contraprestación institucional o promocional, aleja el uso del inmueble de su razón de ser original.

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