Otra amiga de Koldo, a sueldo del Estado: la red clientelar no se detiene
La red de Koldo y Ábalos suma un nuevo capítulo con Nicole N., que pasó de los locales nocturnos de Pamplona a dirigir áreas medioambientales en una empresa pública, mientras el Estado sigue actuando como finca privada
Hay ocasiones en las que la corrupción no se disfraza ni siquiera de eficacia, mérito o necesidad. Hay ocasiones, como la que hoy documenta THE OBJECTIVE, en las que el saqueo del aparato público es tan burdo y tan reiterado que ni los protagonistas parecen molestarse en disimularlo. Koldo García, la mano derecha del exministro José Luis Ábalos, no solo colocó a sus allegados más íntimos en empresas públicas estratégicas. También tejió una red paralela de favores, donde amigas personales y antiguas compañeras del sórdido mundo nocturno de Pamplona ascendían súbitamente al funcionariado estatal.
La última pieza de este engranaje es Nicole N., de origen rumano, que según THE OBJECTIVE fue contratada en 2021 en la empresa pública Emfesa, dependiente del Ministerio de Transportes, justo cuando Ábalos todavía ostentaba la cartera. Su currículo, ligado más a la administración de prostíbulos que a la gestión ambiental, no fue impedimento para ocupar el cargo de delegada territorial de Medio Ambiente, primero en el Norte y luego en Levante, donde reemplazó —cómo no— al hermano de Koldo, Joseba García.
El Estado como botín
El patrón es tan elemental como escandaloso: Koldo coloca, Ábalos respalda, y los recursos públicos pagan. En menos de cinco años, han salido a la luz cuatro mujeres enchufadas en Ineco, Logirail, Tragsatec y ahora Emfesa, todas orbitando en torno al dueto Ábalos-Koldo. Lo que antes podía parecer la típica utilización partidista de lo público, ha mutado en algo mucho más corrosivo: la conversión de empresas públicas en agencias de colocación privadas, donde los méritos cuentan menos que la proximidad personal o la lealtad íntima.
¿Quién audita esto? ¿Quién lo frena? La respuesta, por desgracia, la conocemos: nadie. La misma administración que debería velar por el interés general actúa de correa de transmisión de los intereses particulares de quienes se reparten el poder.
Cuando el pasado regresa
El caso de Nicole añade un matiz revelador: no se trata de un nombramiento casual ni del típico favor entre correligionarios. Según desvela THE OBJECTIVE, la relación entre Koldo y Nicole nace más de una década atrás, cuando él ejercía de seguridad en el prostíbulo Rosalex de Pamplona y ella era la encargada de otro local del mismo propietario, llamado Olimpo. Que esa historia de camaradería nocturna se traduzca, diez años después, en un puesto de responsabilidad medioambiental dentro de una empresa pública española es la perfecta metáfora del desprecio absoluto a los estándares más elementales de meritocracia y ética administrativa.
Un ecosistema tóxico
Todo esto no es anecdótico. Se trata de una estructura sistemática, como prueba la convocatoria reciente de plazas en Emfesa, donde sorprende que haber trabajado previamente en la propia empresa puntúe favorablemente, perpetuando así la lógica del círculo cerrado. Como bien apunta THE OBJECTIVE, el 17% de la plantilla de Emfesa procede de enchufes directos, en su mayoría relacionados con los mismos actores políticos y personales.
Estamos, en definitiva, ante un proceso de captura del Estado. Un fenómeno donde las empresas públicas dejan de cumplir su función social o estratégica para convertirse en extensiones opacas de intereses privados, favores personales y lealtades políticas.
Cuando el escándalo se convierte en rutina
Lo más alarmante, sin embargo, no es el caso puntual de Nicole, ni siquiera el de Jésica, Claudia Montes o Andrea de la Torre. Lo verdaderamente perturbador es la normalización de este tipo de prácticas. La indiferencia con la que parte de la opinión pública y de las instituciones asumen que el Estado es una finca privada, donde los amigos del poder disfrutan de prebendas, sueldos y privilegios a cambio de su silencio o su docilidad.
La cuestión de fondo es si la democracia puede sobrevivir cuando el botín de la administración se reparte entre clientelas sin más criterio que la cercanía personal. Si la meritocracia se sustituye por la complicidad y si el bien común es relegado frente al interés de unos pocos, entonces lo que se erosiona no es solo la gestión pública, sino la legitimidad misma del sistema.
