En medio de la turbulencia política, una nueva revelación sacude al Gobierno. El entramado de sobornos y comisiones ilegales liderado por Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, extiende su sombra hacia otro miembro del Ejecutivo. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, se ve implicado. Durante su mandato como presidente de las Islas Canarias, Torres firmó 11 contratos con un valor total de 12,2 millones de euros en favor de la empresa que sobornó a la red a cambio de contratos públicos. Esta situación se suma a las implicaciones de otros miembros del Gobierno, como Francina Armengol, Fernando Grande-Marlaska y Salvador Illa, en la llamada 'operación Delorme'.

Según la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Torres comenzó a colaborar con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL el 7 de mayo de 2020. Todos los contratos adjudicados desde el Gobierno de Canarias tenían como objetivo la adquisición de mascarillas, con importes que oscilaban entre los 65.772 euros y los 2.805.000 euros, sumando un total de 12.288.000 euros. Existe la sospecha de que Ábalos intervino para asegurar que esta empresa fuera considerada en Canarias como proveedor de confianza.

Las transferencias desde el Gobierno de Canarias a la cuenta de Soluciones de Gestión SL se realizaron entre agosto y diciembre de 2020, coincidiendo con el periodo en que Koldo García multiplicó su patrimonio inmobiliario. La UCO rastreó esta pista, revelando que el asesor adquirió dos pisos en Benidorm y tres fincas en una localidad cercana, con un valor total de 1,5 millones de euros. Torres, tras el escándalo, niega tener conocimiento de la oferta y sugiere que pudo haber llegado a través del Ministerio de Transportes, dirigido por José Luis Ábalos en ese momento, aunque niega haber recibido llamadas del exministro.