En medio de una creciente controversia, el Ejecutivo y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha generado interrogantes al negarse a proporcionar los informes jurídicos que respaldan la plena constitucionalidad de la polémica ley de amnistía. Estos acontecimientos se suman a episodios recientes donde el Gobierno retuvo la divulgación de un supuesto acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts, en el cual ambas formaciones acordaron la transferencia de competencias en materia de inmigración a Cataluña.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, salió al paso de las críticas generadas por el informe elaborado por tres letrados adscritos a la Comisión de Justicia del Congreso, quienes cuestionaron la concordancia de la ley de amnistía con la Carta Magna. Según Montero, el Gobierno cuenta con informes elaborados por "juristas al menos con el mismo prestigio que tienen otros", sin proporcionar nombres específicos. Este secretismo ha aumentado la desconfianza en la esfera pública.

Es relevante destacar que los letrados que firmaron el informe, Piedad García-Escudero, Isabel Revuelta y Fernando Castillo, sí han puesto sus nombres al servicio de la Comisión de Justicia. En contraste, el Gobierno se mantiene firme en su posición de no identificar a los expertos cuyos informes respaldan la legislación en cuestión, contribuyendo a una atmósfera de opacidad que ha suscitado dudas sobre la imparcialidad y rigor en el proceso de toma de decisiones.

En el contexto de esta situación, persisten informaciones no desmentidas que sugieren la participación de Cándido Conde-Pumpido en la asesoría al PSOE durante la redacción de su proposición de ley de amnistía. Durante meses, tanto el Ejecutivo como el entorno del presidente del Tribunal Constitucional no han abordado de manera directa estas alegaciones, alimentando las especulaciones y la percepción de una posible falta de independencia en el proceso legislativo.

Ministros clave, incluyendo a Montero, Félix Bolaños y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, han dirigido la atención hacia el Tribunal Constitucional, insistiendo en que será este organismo el que tenga la última palabra sobre la constitucionalidad de la ley. En una entrevista del 4 de enero, Alberto Núñez Feijóo calificó de "gravísimo" el hecho de que Conde-Pumpido no haya negado su participación, expresando dudas sobre la objetividad de los magistrados, mayormente orientados hacia la izquierda.

En un aparente desprecio a las advertencias planteadas por los letrados de la Comisión de Justicia, el PSOE y sus aliados han descartado las críticas, amparándose en la condición de preceptivas, pero no vinculantes, de dichas observaciones. El enfoque se ha centrado en correcciones formales sugeridas por los letrados, como el uso de mayúsculas en la expresión "Estado de Derecho" y minúsculas en "juzgado o sala".

Paralelamente, el PSOE planea defender la ley de amnistía durante la Convención Política que se llevará a cabo este fin de semana en La Coruña, bajo el lema "Impulso de país". En el documento previo al cónclave, el partido destaca la amnistía como una "herramienta fundamental" para el "reencuentro total", insistiendo en su plena constitucionalidad.

Esta compleja situación política y judicial plantea interrogantes sobre la transparencia, la independencia del Tribunal Constitucional y la legitimidad de la ley de amnistía propuesta, generando un intenso debate sobre la dirección que tomará la justicia en España en relación con este controvertido tema.