En el panorama político español, una nueva controversia ha surgido en torno a la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, específicamente con el propósito de limitar los plazos de las instrucciones judiciales. La sugerencia de Sánchez ha generado reacciones vehementes por parte del Partido Popular (PP), liderado por Cuca Gamarra, secretaria general del partido, quien ha expresado su preocupación y denunciado la iniciativa como un intento de manipulación del sistema judicial.

En una entrevista con La Sexta, Sánchez mencionó la posibilidad de reformar la legislación vigente con la intención de abordar las inquietudes planteadas por el independentismo catalán respecto a la ley de amnistía. La idea central detrás de la propuesta sería, según el presidente, la necesidad de "subsánar algunas de las dudas" que puedan tener determinados sectores de la sociedad respecto a la duración de las instrucciones judiciales.

Sin embargo, el PP ha rechazado de manera contundente esta propuesta, calificándola como un intento de buscar el respaldo de Junts, denominándola de manera contundente como una "amnistía por la puerta de atrás". Según Gamarra, esta iniciativa del Gobierno de Sánchez buscaría "acotar las investigaciones judiciales y poner fin a las prórrogas con la finalidad de lograr el apoyo de Junts a la ley de amnistía". Estas declaraciones reflejan la percepción del PP sobre las posibles motivaciones detrás de la propuesta de reforma.

El PP, bajo la dirección de Gamarra, ha lanzado fuertes críticas contra el presidente Sánchez, acusándolo de pretender aplicar "la ley del embudo en la Justicia". La secretaria general del PP sostiene que esta propuesta buscaría asegurar que los jueces no investiguen asuntos vinculados con el presidente o sus aliados políticos. Gamarra ha enfatizado que bajo el liderazgo de Sánchez, España se ha convertido en un país en el que los jueces se ven obligados a defenderse públicamente de acusaciones políticas, generando un entorno poco propicio para la independencia judicial.

En un tono crítico, Gamarra ha afirmado: "Con Pedro Sánchez, España es un país en el que los jueces se tienen que defender de los políticos que les acusan y que les señalan públicamente, y donde el Gobierno está dispuesto a legislar, a legislar y a modificar leyes en beneficio únicamente de quienes tienen los votos que les permiten seguir en la Moncloa". Estas declaraciones reflejan la percepción del PP sobre la disposición del Gobierno a utilizar la legislación en su propio beneficio político.

En un giro adicional, el PP ha dirigido sus críticas hacia el fiscal general del Estado, solicitando explicaciones en relación con informaciones que indican que el fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, modificó un informe inicial que respaldaba la investigación por terrorismo a Tsunami Democràtic y a Carles Puigdemont. Gamarra ha exigido transparencia e información, instando a la comparecencia urgente del Fiscal General del Estado para aclarar las circunstancias detrás de este cambio de posición en un caso que afecta al prófugo de la justicia catalana.

En resumen, la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por parte de Pedro Sánchez ha generado una aguda disputa política con el PP, que denuncia una posible instrumentalización de la justicia con motivaciones políticas. El debate se intensifica con acusaciones de falta de transparencia en el ámbito judicial y la demanda del PP de explicaciones sobre el cambio de posición del fiscal del Supremo.