Nueve imputados y nuevos dedazos: el PSOE carga con la herencia judicial de David Sánchez en plena campaña
El PSOE extremeño llega a las elecciones autonómicas convocadas por María Guardiola para el próximo 21 de diciembre arrastrando una losa judicial: nueve imputados en la Diputación de Badajoz, incluido su candidato, Miguel Ángel Gallardo, por el escándalo que rodea a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La causa investiga si se creó una plaza a medida en Cultura para beneficiar a Sánchez, exasesor de Moncloa, lo que podría constituir un caso de prevaricación y tráfico de influencias. Aunque el juicio se celebrará en 2026, su impacto político ya es innegable.
Una candidatura bajo sombra judicial
Según recopila Vozpópuli, Gallardo, actual presidente de la Diputación y aspirante del PSOE, es el primer candidato imputado y procesado en unas autonómicas extremeñas. Junto a él están investigados varios altos cargos y técnicos que intervinieron en la modificación y adjudicación del puesto ocupado por David Sánchez:
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Elisa Moriano (exdirectora de Cultura)
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Cristina Núñez (exdiputada de Cultura)
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Juana Cinta Calderón (directora de Recursos Humanos)
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Félix González Márquez (Inspección)
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Emilia Parejo, Francisco Martos, Ricardo Cabezas y Manuel Candalija (implicados en la segunda fase del proceso en 2022)
Algunos de estos nombres aparecen además en nuevas denuncias por presuntos dedazos, en procesos selectivos recientes, lo que ha agudizado el escándalo político y judicial.
Nuevas sospechas: el caso Calderón
El proceso selectivo más mediático ha sido el que ha favorecido a Miguel Calderón Domínguez, pareja sentimental de David Gallego Fuentes, mano derecha de Ramón Díaz Farias, vicepresidente tercero y responsable de Recursos Humanos de la Diputación.
Díaz Farias firmó tanto la convocatoria del puesto como la resolución final. La relación personal entre los implicados ha sido calificada por los denunciantes como un evidente conflicto de intereses.
Uno de los aspirantes, el catedrático Antonio Moya Tudela, ha anunciado una impugnación judicial, incluso penal, al considerar que su expediente era superior en méritos y propuestas.
Procesos bajo sospecha
Otros procesos también han sido denunciados. En uno de ellos, Emilia Parejo fue nombrada coordinadora del Área de Igualdad pese a estar imputada y tener vínculos laborales estrechos con el tribunal. Una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo nº1 de Badajoz ha anulado su nombramiento, ordenando retrotraer el proceso por vulneración del principio de igualdad.
En otro caso, Manuel Candalija, imputado y director del Área de Cultura, fue seleccionado a pesar de presentarse tarde a la prueba. La Diputación ha entregado un informe de vídeo con las imágenes de su supuesta llegada, pero uno de los aspirantes sospecha que pudo haber manipulación o retraso deliberado del proceso para evitar recursos.
Una crisis en pleno foco electoral
La sustituta de Gallardo, Raquel del Puerto, ha tenido que convocar a los implicados en un intento por contener el daño político. Sin embargo, el PSOE extremeño se enfrenta a las elecciones en un clima de creciente indignación social, judicialización y una sensación generalizada de clientelismo institucional.
Con David Sánchez en el epicentro del escándalo, y su hermano en la presidencia del Gobierno, los socialistas extremeños encaran un proceso electoral sin precedentes: marcado por los tribunales, la pérdida de legitimidad institucional y el descrédito político.
