Nuevas revelaciones sitúan a Pedro Sánchez en el centro de la polémica por un posible caso de enchufe en Badajoz
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra de nuevo en el foco de la controversia tras revelarse que mantuvo una reunión privada con Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación de Badajoz, cuatro días antes de que se convocara la plaza pública a la que accedería su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón.
Este nuevo dato, publicado por The Objective, añade un elemento sustancial a la investigación judicial abierta en el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, bajo la dirección de la jueza Beatriz Biedma, en la que se analiza si hubo influencia política directa o indirecta en la creación y adjudicación de un puesto de alta dirección en la Diputación pacense, en favor del hermano del líder socialista.
Una cita discreta en Don Benito
El encuentro entre Pedro Sánchez y Gallardo tuvo lugar el 8 de mayo de 2017 en un reservado del hotel Vegas Altas de Don Benito, apenas unas horas antes de que el entonces candidato a las primarias del PSOE diera un mitin en esa localidad. La reunión se celebró en un ambiente de absoluta discreción, y según fuentes conocedoras del episodio, buscaba limar asperezas entre ambos dirigentes, ya que Gallardo había respaldado públicamente la candidatura de Susana Díaz frente a Sánchez en la batalla interna del partido.
Pese a que Gallardo siempre ha sostenido que desconocía la existencia del hermano músico de Sánchez, la proximidad entre esa reunión y la firma del decreto que convocaba la plaza de coordinador de conservatorios, cuatro días después, ha levantado sospechas sobre una posible intervención política encubierta.
Una cronología comprometida
El 12 de mayo de 2017, la Diputación Provincial de Badajoz firmó el decreto de convocatoria para la plaza de coordinador/a de actividades de conservatorios de música, un puesto de alta dirección con condiciones preferenciales. La resolución aparece firmada por el entonces diputado delegado del área de Recursos Humanos, Antonio Garrote Ledesma, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.
Aunque la instrucción judicial ya había puesto bajo lupa el acelerado proceso de contratación de David Sánchez, ahora la relación temporal directa entre la reunión de su hermano con Gallardo y el inicio del procedimiento administrativo introduce un elemento de aparente coordinación previa que refuerza las hipótesis de influencia o trato de favor.
Una investigación que alcanza a más cargos del PSOE
Dentro del sumario, también figura Paco Martos Ortiz, diputado delegado del área de Cultura en la Diputación de Badajoz, imputado por su participación en la redefinición del puesto adjudicado a David Sánchez, sin haber pasado por los órganos de control habituales. Martos acompañó personalmente a Sánchez en sus actividades de campaña ese mismo día 8 de mayo, incluyendo la comida en Feval y el mitin posterior en el auditorio Ave María.
Por su parte, el hermano del presidente ha defendido públicamente que no existió trato de favor, y ha alegado que buscó vivienda en la zona antes de obtener el puesto para "ver precios", una declaración que ha sido puesta en duda por los investigadores como un intento de justificar una previsión que podría sugerir conocimiento anticipado de su contratación.
En la mira de la UCO y la Fiscalía
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado a la jueza una serie de correos electrónicos e intercambios documentales en los que se recoge información sobre la planificación y redefinición del puesto desde 2016, pero especialmente con una aceleración significativa a partir de mayo de 2017, coincidiendo con la campaña interna del PSOE.
Entre los correos incautados también figura información sobre la relación entre Gallardo y miembros del entorno de Sánchez, lo cual podría respaldar la hipótesis de una actuación coordinada para facilitar el acceso de David Sánchez a un puesto de relevancia institucional dentro de la red provincial socialista.
Implicaciones políticas y judiciales
De confirmarse que hubo intervención del entorno presidencial para colocar a un familiar directo en un puesto de libre designación, el caso podría abrir una vía penal por prevaricación y tráfico de influencias. Más aún, dada la posible instrumentalización de recursos públicos con fines personales o políticos, podrían activarse procedimientos administrativos adicionales, incluyendo sanciones disciplinarias y medidas correctivas por parte del Tribunal de Cuentas.
La defensa cerrada de Sánchez a sus familiares más cercanos, incluida su esposa Begoña Gómez, también investigada por tráfico de influencias y apropiación indebida, ha incrementado la sensación de asedio institucional, tanto en el seno del Gobierno como entre sus socios parlamentarios.
