En un evento público, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estrenado una nueva estrategia para persuadir a Junts de respaldar la polémica ley de amnistía, aprobada por la Comisión de Justicia hace dos semanas. Durante una entrevista en La Sexta, Sánchez reveló la posibilidad de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para restringir la capacidad de los jueces de prorrogar instrucciones, como contrapartida a la amnistía.

Esta propuesta podría limitar la acción del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, quien recientemente prolongó la instrucción del caso Tsunami Democràtic por seis meses adicionales. Sánchez enfatizó que esta reforma contribuiría a disipar las preocupaciones de Junts respecto a la cobertura de la amnistía, presentándola como una medida para mejorar la eficiencia del sistema judicial.

En paralelo, se ha generado controversia debido a la retractación del fiscal del Tribunal Supremo en el caso de Carles Puigdemont y a la presentación de un recurso de apelación contra la prórroga de la investigación sobre homenajes a etarras. Estos acontecimientos han avivado el debate sobre el cambio en el catálogo de delitos de terrorismo en el Código Penal, aunque Sánchez ha subrayado que no es la prioridad del Gobierno.

A pesar de las elucubraciones y la polémica, Sánchez se muestra confiado en la aprobación de la ley de amnistía, destacando la necesidad de negociación con los grupos parlamentarios. Sin embargo, el PSOE ha indicado que no apresurará el proceso hasta después de las elecciones gallegas del 18 de febrero. La Mesa del Congreso devolverá formalmente la proposición de ley orgánica de amnistía a la Comisión de Justicia para un nuevo dictamen.