LA MUJER DE SÁNCHEZ AL BANQUILLO POR CORRUPCIÓN
Junto a Gómez se sentarán en el banquillo Cristina Álvarez y Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid
La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se enfrentará a un juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Así lo ha decretado el juez Juan Carlos Peinado, que da por concluida la fase de instrucción y transforma la pieza separada en procedimiento ordinario ante jurado.
El caso se centra en el uso de Cristina Álvarez, asistente de Gómez en La Moncloa, para la realización de tareas privadas. La propia Begoña Gómez reconoció durante su declaración del pasado 10 de septiembre que Álvarez le ayudó “puntualmente” en asuntos personales, un hecho que para el juez constituye un indicio claro de la utilización indebida de recursos públicos.
Los acusados citados el sábado
Junto con Gómez se sentarán en el banquillo Cristina Álvarez y Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en Madrid. Martín, que en aquel momento ocupaba el cargo de secretario general de Presidencia, aparece en la causa como responsable directo de la supervisión de la asistente.
El juez Peinado ha fijado para este sábado a las 18:00 horas una comparecencia en la que se concretarán las acusaciones formales contra cada uno de los imputados, en un paso previo a la preparación del juicio oral.
Una imputación múltiple
La malversación no es la única imputación que pesa sobre la esposa del presidente. Gómez está investigada por cinco delitos:
-
Tráfico de influencias
-
Corrupción en los negocios
-
Apropiación indebida de marca
-
Intrusismo profesional
-
Malversación de caudales públicos
El delito de malversación fue el último en añadirse, el pasado 18 de agosto, cuando el juez valoró los indicios en torno a la participación de Cristina Álvarez en la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid vinculada a Gómez.
En su declaración, Gómez adoptó una estrategia defensiva de silencio selectivo: se limitó a responder únicamente a las preguntas de su abogado, evitando contestar tanto al juez instructor como al fiscal.
El papel de la asistente y de la Delegación del Gobierno
La investigación gira en torno al verdadero rol desempeñado por Cristina Álvarez. Según los indicios recabados, parte de su trabajo como asistente en Moncloa habría estado destinado a asuntos estrictamente privados relacionados con la actividad académica y empresarial de Gómez.
El caso se complica por la implicación de Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid. Aunque él mismo negó en sede judicial conocer irregularidades, el auto de Peinado lo incluye entre los acusados por su responsabilidad jerárquica en la supervisión de Álvarez, así como por su papel en la cadena de mando de la Secretaría General de Presidencia.
Una causa que afecta directamente a La Moncloa
El impacto de este procedimiento es extraordinario. Nunca antes la esposa de un presidente en ejercicio había sido procesada por un tribunal del jurado, y menos aún por malversación de recursos públicos dependientes de la propia Moncloa.
El caso de Gómez no puede analizarse de forma aislada. Llega en paralelo a otras investigaciones judiciales que salpican al entorno del presidente:
-
Su hermano David Sánchez ha sido procesado por malversación en la Diputación de Badajoz, acusado de ocupar un puesto diseñado a medida y de no desempeñar funciones reales.
-
El exministro José Luis Ábalos, estrecho colaborador del presidente durante años, está siendo investigado en el llamado “caso Koldo”, que afecta a contratos públicos durante la pandemia.
La acumulación de causas judiciales en torno al círculo íntimo de Pedro Sánchez añade presión política y mediática en un momento de gran desgaste institucional.
Próximos pasos judiciales
Tras la citación del sábado, las partes deberán presentar sus escritos de acusación y defensa. Será entonces cuando se concrete la pena solicitada para cada imputado. A continuación, la Audiencia Provincial de Madrid fijará la fecha del juicio oral, que será resuelto por un jurado popular de nueve ciudadanos, conforme establece la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado para delitos de malversación.
Un procedimiento con enorme repercusión
El juicio contra Begoña Gómez no es solo un asunto judicial: tiene un evidente componente político. La apertura de este procedimiento supone que la esposa del presidente del Gobierno se sentará en el banquillo por malversación, un delito que conlleva penas de prisión y inhabilitación.
La resolución del juez Peinado, firme en su argumentación sobre los indicios de responsabilidad penal, constituye un hito en la democracia española y abre un proceso que podría tener consecuencias directas en la estabilidad del Gobierno y en la imagen del PSOE a nivel nacional e internacional.
