Montero, López y Alegría obligados a dar explicaciones por el bulo de la “bomba lapa”

El Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá que responder antes del 9 de septiembre a una batería de preguntas registradas por el Partido Popular en el Congreso, tras la difusión de un bulo por parte de tres ministros del Gobierno en mayo de este año. La información falsa atribuía al exagente de la Guardia Civil, Juan Vicente Bonilla, supuestos planes para colocar una bomba lapa en el vehículo del presidente del Gobierno.

El falso relato fue difundido por la vicepresidenta María Jesús Montero, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, y la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría. El origen del bulo fueron unos mensajes de WhatsApp publicados parcialmente por el diario El Plural, que en realidad contenían una ironía del exmiembro de la UCO, aludiendo a un supuesto atentado contra él por parte del Ejecutivo.

Reacción del PP: preguntas parlamentarias clave

El PP exige que los ministros involucrados aclaren los hechos, especialmente cómo y por qué difundieron una información falsa sin contrastar. Entre otras cuestiones, se solicita que:

• María Jesús Montero explique si considera compatible con los principios democráticos lanzar acusaciones tan graves sin verificar su veracidad.

• Óscar López identifique quién dio la orden de extender la noticia falsa y justifique por qué negó haber mencionado el término “bomba lapa” cuando sí lo hizo.

• Pilar Alegría justifique cómo se compagina esta actuación con la defensa del proyecto de ley sobre el Derecho de Rectificación, cuyo objetivo es, precisamente, combatir bulos y desinformación.

El PP también pregunta si alguno de los ministros tiene previsto pedir disculpas o dimitir, tras el perjuicio causado al exagente Bonilla, actual gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud.

Contexto político y mediático

La polémica ha vuelto a generar presión sobre el Gobierno en un momento de elevada tensión política, marcado por causas judiciales, comparecencias parlamentarias, y una creciente polarización mediática. La acusación falsa contra un antiguo agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desató una ola de indignación en redes sociales y en medios conservadores.

Además, el caso se produce mientras el Ejecutivo impulsa una ley contra los bulos, lo que ha avivado las críticas de la oposición, que acusa al Gobierno de doble moral y uso partidista de la información.