Moncloa opera para controlar la corrupción: García Ortiz tendrá la última palabra

El Gobierno de Pedro Sánchez ha consolidado una reforma en la Fiscalía que, según fiscales y juristas críticos, podría permitir condicionar las investigaciones por delitos de corrupción que afecten a miembros del Ejecutivo o su entorno cercano. La clave de este movimiento, revelado por The Objective, es la creación —por Real Decreto— de una nueva figura: el Fiscal de Sala Coordinador de Delitos contra la Administración Pública, cuyo nombramiento ya ha recaído en el fiscal Emilio Sánchez Ulled, afín al Gobierno.

Una figura que puede solapar y desplazar a Anticorrupción

Esta nueva plaza no sustituye pero sí compite en funciones con la Fiscalía Anticorrupción, órgano tradicionalmente encargado de investigar los casos más graves de corrupción institucional. La preocupación radica en que, en casos de conflicto de competencias entre ambas estructuras, será el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien decida quién se queda con el caso.

En términos prácticos, esto significa que el fiscal general —él mismo investigado por un presunto delito de revelación de secretos— tendrá la capacidad de decidir qué unidad investiga cada caso de corrupción, incluyendo aquellos que puedan afectar al entorno familiar de Sánchez, como el caso Begoña Gómez o los escándalos relacionados con el exasesor Koldo García.

¿Un cortafuegos político disfrazado de refuerzo?

Desde el Gobierno se ha defendido la medida como un "refuerzo contra la corrupción", pero los principales sectores del Ministerio Público la interpretan como un movimiento de blindaje político. Como recuerda el reportaje de The Objective, la mayoría del Consejo Fiscal (siete vocales) se negó a participar en la votación del nombramiento, al considerar que el proceso carecía de imparcialidad y obedecía a intereses políticos.

El poder de decidir sobre delitos... incluido el suyo propio

La designación de Sánchez Ulled no sólo afecta al reparto de causas. Entre sus funciones está también la fijación de criterios técnicos sobre los delitos investigados, incluyendo el de revelación de secretos, el mismo por el que García Ortiz está imputado por filtrar datos del entorno de Isabel Díaz Ayuso.

En la práctica, el fiscal designado por García Ortiz tendrá capacidad de incidir, al menos indirectamente, en los criterios que se apliquen en la causa penal que afecta al propio fiscal general.

La Asociación de Fiscales (AF) —la más representativa del colectivo— ha exigido que García Ortiz se abstenga de participar en cualquier fase del proceso, precisamente por este motivo. No hacerlo, han advertido, compromete seriamente la apariencia de imparcialidad institucional de la Fiscalía General del Estado.

¿Quién es Emilio Sánchez Ulled?

• Exfiscal del caso Palau y del 9-N, con dilatada experiencia en corrupción política en Cataluña.

• Expresidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de ideología declaradamente izquierdista.

• Exdelegado de la Fiscalía Anticorrupción y exconsejero de Justicia ante la UE en Bruselas.

Su trayectoria es reconocida profesionalmente, pero su perfil ha generado preocupación por su alineamiento ideológico con el Ejecutivo, lo que acentúa el malestar en el Ministerio Público y refuerza las sospechas de politización.

¿Hacia una fiscalía instrumentalizada?

Este nuevo episodio se suma a las crecientes denuncias sobre la erosión de la separación de poderes. Con el TC bajo presión por la ley de amnistía, el CGPJ bloqueado y el Ministerio Público bajo dirección de un fiscal investigado, la creación de figuras estratégicas con capacidad para redirigir causas judiciales levanta serias alarmas en el ámbito jurídico.

Las decisiones de García Ortiz en este contexto ya no sólo afectan a su credibilidad personal, sino que —según alerta la propia carrera fiscal— ponen en juego la confianza de la ciudadanía en la independencia de las instituciones judiciales.