La Moncloa contradice su propio discurso y refuerza la tesis judicial sobre el caso del hermano de Sánchez

La estrategia argumental del Gobierno para defender a los familiares del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha topado con una contradicción de fondo: el parentesco que el Ejecutivo considera irrelevante es, precisamente, el núcleo del presunto delito de tráfico de influencias. En sus declaraciones públicas tras la apertura de juicio oral contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente, varios ministros y dirigentes del PSOE han insistido en que el caso solo existe por tratarse de un familiar directo de Sánchez.

Sin embargo, como establece la instructora del caso, la jueza Beatriz Biedma, esa relación es el eje jurídico del procedimiento. El mismo argumento aplica a la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente, por cuatro presuntos delitos que también giran en torno a su posición privilegiada derivada de su vínculo con la jefatura del Ejecutivo.

El parentesco como base jurídica del delito de tráfico de influencias

El Código Penal es claro al respecto. El artículo 428 establece que incurre en tráfico de influencias el funcionario que influya en otro prevaliéndose de su cargo o de relaciones personales o jerárquicas para obtener un beneficio económico. El artículo 429 extiende la responsabilidad a particulares que se beneficien de ese tipo de relación, y el artículo 430 contempla también a quienes soliciten beneficios económicos a cambio de ejercer esa influencia.

Por tanto, la condición de hermano o cónyuge del presidente no sólo no es irrelevante, sino que es la “condición sine qua non” para el posible delito. Si David Sánchez no hubiera sido hermano del entonces secretario general del PSOE, no habría tenido acceso a un puesto creado ad hoc en la Diputación de Badajoz, según razona el auto judicial. Y si Begoña Gómez no fuese la esposa del jefe del Ejecutivo, difícilmente habría dirigido una cátedra financiada por empresas adjudicatarias de contratos públicos.

El argumento de persecución política: una contradicción retórica

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, afirmó este viernes que “si David Sánchez no se apellidara Sánchez y no fuera hermano del presidente del Gobierno, aquí no habría caso”. Una afirmación similar a la que ya se ha escuchado en el caso de Begoña Gómez. Pero ese razonamiento, que pretende subrayar una presunta persecución política, coincide exactamente con el fundamento legal del delito que se investiga.

La jueza Biedma lo sintetiza en su auto del jueves: “Pura lógica”. Señala que David Sánchez carecía de vínculos en Badajoz, pero su hermano sí los tenía, y había visitado la provincia como dirigente socialista en repetidas ocasiones, con capacidad para influir en decisiones internas del partido.

Reforma judicial en paralelo: el Gobierno busca transferir la instrucción a la Fiscalía

Mientras tanto, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, confirmó ayer que el Consejo de Ministros aprobará en verano la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que trasladará la instrucción penal de los jueces a la Fiscalía General del Estado. El proyecto incluye, además, una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que se añadirá como disposición adicional, sin trámite parlamentario propio.

Esta reforma, que ha sido objeto de controversia en el ámbito judicial, ampliará el mandato del fiscal general de cuatro a cinco años y permitirá al actual Gobierno proponer un nuevo fiscal en los últimos meses de legislatura, blindando su continuidad durante el próximo ciclo político.

Actualmente, el cargo lo ocupa Álvaro García Ortiz, él mismo imputado en una causa judicial, lo que ha generado suspicacias dentro de la carrera fiscal. Según fuentes de la judicatura, la maniobra podría condicionar la independencia del Ministerio Público en casos políticamente sensibles, como los que afectan al entorno del presidente del Gobierno.

En lugar de neutralizar la ofensiva judicial, el argumento repetido desde La Moncloa podría terminar legitimando la base legal de las imputaciones a los familiares de Pedro Sánchez. La afirmación de que el caso existe “por ser quienes son” no desactiva la instrucción judicial, sino que la refuerza, pues precisamente eso es lo que persigue castigar el delito de tráfico de influencias.

Con dos causas abiertas y la reforma judicial pendiente, el Gobierno afronta una encrucijada institucional, en la que cada gesto, cada medida y cada declaración tiene potenciales implicaciones legales, políticas y electorales.