La proposición de ley de amnistía que busca absolver a los líderes implicados en el proceso independentista catalán ha dado un paso adelante en el Congreso, generando un debate político de gran envergadura. A pesar de la oposición del Partido Popular, la Mesa de la Cámara, compuesta mayoritariamente por miembros del PSOE y Sumar, ha decidido admitir a trámite esta controvertida iniciativa.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha respaldado esta medida basándose en el dictamen favorable emitido por Fernando Galindo, un ex alto cargo del Gobierno que recientemente fue nombrado letrado jurídico de las Cortes. En su informe técnico, Galindo no encontró elementos de inconstitucionalidad "palmarios y evidentes" en la propuesta de ley, lo que allanó el camino para su tramitación en el Congreso.

El proceso de admisión de la ley de amnistía se produjo a pesar de la recusación presentada por el Partido Popular, que argumentaba la falta de imparcialidad en el análisis de Galindo debido a su pasado en el Gobierno de Sánchez. Sin embargo, Armengol consideró que esta recusación carecía de efectos jurídicos sobre el proceso y procedió a autorizar su debate en el pleno "de viva voz". Además, durante la sesión, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis se comportó como "portavoz del Gobierno dentro de la Mesa," añadiendo un componente político significativo a la decisión.

Este primer trámite parlamentario allana el camino para que la Proposición de Ley Orgánica de Amnistía, presentada por el PSOE, continúe su recorrido en el Congreso. Los socialistas, en colaboración con sus socios separatistas, buscan una aprobación urgente en la Cámara Baja antes de enviarla al Senado. En esta última etapa, el Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta, podría ralentizar el progreso del texto normativo gracias a una reforma reglamentaria que permite a la Mesa desvincularse de los plazos impulsados por el Gobierno. Esta situación promete generar un intenso debate político en los próximos meses en España.