En una sesión parlamentaria marcada por la tecnología, cerca de treinta diputados del Partido Popular se vieron impedidos de expresar su voto en contra de los primeros decretos-leyes presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez debido a una "caída del sistema". Fuentes del PP han expresado su preocupación, instando a una pronta solución para evitar que esta situación beneficie al Gobierno en sus negociaciones.

Ante esta contingencia, el Congreso decidió otorgar una extensión de tiempo de treinta minutos a los legisladores para llevar a cabo la votación telemática de los decretos-leyes, con el objetivo de compensar la interrupción causada por un problema informático detectado que ralentizó el proceso de votación.

La presidenta de la Cámara, Francina Armengol, informó durante el debate sobre los objetivos de déficit y el techo de gasto que, debido a una sobrecarga, el sistema de votación telemática experimentó una ralentización temporal. La ampliación del periodo de votación hasta las tres y media se implementó para garantizar que todos los diputados tuvieran la oportunidad de ejercer su derecho al voto.

La falta de respaldo de Junts, así como la incertidumbre en torno al apoyo de Podemos, ha generado especulaciones entre los miembros del PP, sugiriendo que podría tratarse de una estrategia del Gobierno para ganar tiempo y negociar el respaldo a los decretos. Durante la sesión, Santos Cerdán abandonó su escaño junto a Míriam Nogueras y Gabriel Rufián, lo que aumenta la tensión política.

Hasta el momento, Pedro Sánchez cuenta con el apoyo de 167 diputados, incluyendo 121 del PSOE, 26 de Sumar, siete de ERC, seis de Bildu, cinco del PNV, uno del BNG y otro de Coalición Canaria. La aprobación de decretos cruciales, como el ómnibus, la reforma del subsidio de desempleo y medidas anticrisis, pende de un hilo si no logra obtener el respaldo de al menos cinco escaños adicionales.

Mientras tanto, los representantes de Puigdemont se mantienen firmes en el voto negativo a pesar de las negociaciones y reuniones con el PSOE. Junts exigió recientemente sanciones a empresas que abandonaron Cataluña en 2017 debido al procés. Podemos, por su parte, argumenta que la reforma propuesta por el Ejecutivo en relación con el subsidio de desempleo implica un recorte en las pensiones de jubilación para mayores de 52 años, una afirmación que la ministra Díaz niega.