María Jesús Montero, salpicada por los casos de corrupción
Las investigaciones que salpican de lleno al entorno más próximo de la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, han abierto un frente judicial que compromete su proyección hacia la presidencia de la Junta de Andalucía. Dos de sus colaboradores más cercanos se han visto implicados en graves tramas de corrupción, hoy en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) y la Fiscalía Anticorrupción.
Vicente Fernández Guerrero, detenido
El primero de ellos, su ex ‘número dos’ en el Ministerio y expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, ha sido detenido por la Guardia Civil. La UCO lo sitúa en el centro de una red de amaño de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales, presuntamente canalizadas a través de organismos públicos estatales.
Según los investigadores, Fernández Guerrero acumuló un patrimonio inmobiliario valorado en 5 millones de euros, tras su paso por el Gobierno, incluyendo la compra de viviendas y locales cuya adquisición no guarda relación con sus ingresos conocidos. Además, regentaba un bar en Sevilla, actualmente bajo investigación por su posible uso como canal para el blanqueo de capitales procedente de dichas mordidas.
La operación ha obligado a la Guardia Civil a extender las pesquisas a nuevas empresas adjudicatarias de contratos públicos, ante el indicio de que Fernández habría ejercido de intermediario privilegiado en nombre de determinadas sociedades favorecidas desde la SEPI.
Marco Sanjuán, imputado por cinco delitos
El segundo nombre que estrecha el cerco sobre Montero es el de su ex ‘número tres’, José Antonio Marco Sanjuán, expresidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC). Actualmente se encuentra imputado por cinco delitos, entre ellos cohecho y prevaricación, por supuestamente haber archivado reclamaciones fiscales a determinados empresarios a cambio de sobres con dinero en efectivo.
Según reveló El Debate, Marco Sanjuán habría recibido más de 100.000 euros en metálico, entregados periódicamente por al menos un empresario beneficiado. El testimonio apunta incluso a que parte del dinero se destinaba a otros cargos del Ministerio de Hacienda.
Un escándalo creciente
Poco antes de abandonar su cargo, Marco Sanjuán viajó a Valladolid, donde presumió ante altos cargos de Hacienda de su inminente dimisión. Entre los presentes estaban Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda, y César Pintado, delegado especial de la AEAT en Castilla y León. Horas más tarde, la Fiscalía Anticorrupción le notificó la apertura de una investigación formal, lo que precipitó su salida inmediata.
La caída de ambos altos cargos, figuras de confianza absoluta de María Jesús Montero, desata una tormenta política que afecta directamente a su figura. Aunque la vicepresidenta no ha sido investigada formalmente, el entorno judicial señala que el caso está lejos de cerrarse y que la ministra podría quedar en el foco si las diligencias avanzan hacia decisiones tomadas dentro del Ministerio.
Riesgo político en plena carrera andaluza
Estas revelaciones llegan en un momento clave para la carrera política de Montero, considerada la apuesta de Pedro Sánchez para liderar el PSOE andaluz. Sin embargo, estos escándalos amenazan con desacreditar su imagen pública, al vincular a su núcleo de colaboradores con conductas delictivas graves y posibles estructuras corruptas dentro del aparato del Estado.
