Malversación en el ‘caso Begoña’: Moncloa sufragó las comunicaciones con patrocinadores privados

Cristina Álvarez, asesora de Presidencia del Gobierno y secretaria personal de Begoña Gómez, utilizó su número de teléfono oficial de La Moncloa para contactar con empresas colaboradoras de la cátedra universitaria dirigida por la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según revela OKDIARIO tras acceder a los documentos del sumario del conocido como 'caso Begoña'.

Imputaciones y desvío de recursos públicos

La investigación judicial ha determinado que Álvarez empleaba líneas telefónicas asignadas por Presidencia del Gobierno, es decir, sufragadas con fondos públicos, para mantener comunicaciones con empresas patrocinadoras de másteres y programas universitarios vinculados a la actividad privada de Begoña Gómez. Esta actuación ha motivado que tanto ella como la propia Gómez hayan sido formalmente imputadas por el delito de malversación, lo que supone la quinta imputación en el caso de la esposa del presidente.

Revisión de llamadas: empresas y universidades bajo investigación

El juez Juan Carlos Peinado, encargado del caso, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice el tráfico de llamadas de la asesora, tanto entrantes como salientes, hacia entidades como la Organización Mundial del Turismo (OMT), Indra, Telefónica, Fundación La Caixa, Reale Seguros, Fundación Manpower, Arsys Internet, Google Spain y otras empresas que habrían financiado actividades de la cátedra o colaborado con ella.

También se ha solicitado el registro de comunicaciones con la Universidad Complutense de Madrid y empresas del entorno del empresario Juan Carlos Barrabés, implicado en el caso y relacionado con los negocios privados de Gómez.

Correos electrónicos como prueba documental

Los correos electrónicos examinados muestran que Álvarez se presentaba como interlocutora directa de la cátedra, firmando incluso como «colaboradora» de la misma. En dichos mensajes, proporcionaba su número de contacto oficial, asignado a sus funciones públicas, a representantes de las empresas involucradas. Esta acción podría constituir una desviación de medios públicos en beneficio de intereses particulares, tal y como señala el auto judicial.

Relación personal y nombramiento sin concurso público

El magistrado Peinado destaca como indicio relevante que Cristina Álvarez fue nombrada por Gómez directamente, sin proceso selectivo, desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018. Además, la relación personal previa entre ambas ha sido señalada por el juez como un posible factor que explicaría el uso de la asesora para fines no institucionales.

En los actos públicos y reuniones privadas, la asesora acompañaba constantemente a Gómez, actuando como su persona de confianza y encargándose de la logística y comunicación. Testimonios recogidos por el juzgado confirman que era la receptora habitual de correos y la encargada de coordinar los encuentros con patrocinadores.

Posible desviación institucionalizada

El auto judicial recoge que estas prácticas no serían casos aislados, sino que formarían parte de un esquema de utilización de medios del Estado para actividades privadas. Se considera especialmente grave que todo ello ocurra bajo la estructura institucional de Presidencia del Gobierno, lo que reforzaría la capacidad de influencia de la figura de Gómez.

Antecedentes: otras imputaciones en curso

Cabe recordar que Begoña Gómez está ya imputada por otros cuatro delitos:

• Tráfico de influencias,

• Corrupción en los negocios,

• Apropiación indebida,

• Intrusismo profesional.

Esta nueva imputación por malversación se suma a un proceso judicial en evolución, que también ha implicado la comparecencia de Félix Bolaños, ministro de Presidencia, citado por el juez para aclarar su papel en la contratación de Álvarez. El ministro ha negado cualquier implicación o conocimiento del asunto.